La Fiscalía General avanzará este miércoles en su investigación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, imputándole el delito de tráfico de influencias. Los fiscales consideran que Roa habría aprovechado su posición de poder para favorecer intereses personales, todo ligado a la compra de un lujoso apartamento en Bogotá que ocurrió años atrás.

El caso arranca en diciembre de 2022, cuando Roa adquirió el apartamento 901 ubicado en la capital colombiana. Apenas cuatro meses después, en abril de 2023, fue nombrado presidente de Ecopetrol. Lo que despierta las sospechas de los investigadores es precisamente esa cercanía temporal: si ese negocio inmobiliario tuvo alguna conexión con decisiones y contratos que después ejecutaría en la petrolera estatal.

Según los antecedentes, el apartamento era propiedad de una empresa del inversionista en gas y petróleo Serafino Iacono. Sin embargo, quien realmente desembolsó el dinero para la compra fue una firma ligada a Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado de la Policía Nacional. Meses después, cuando Roa ya ocupaba su cargo en Ecopetrol, Mancera habría conseguido un contrato con la compañía. Eso es lo que la Fiscalía ve como un favor quid pro quo, es decir, un beneficio otorgado a cambio de la participación anterior en el negocio del apartamento.

El entramado se complica aún más cuando aparece nuevamente el nombre de Serafino Iacono. En marzo de 2024, una empresa de este inversionista recibió derechos para explorar el bloque Sinú 9, considerado un activo de gran importancia estratégica para la industria energética del país. Esto refuerza las preocupaciones de los investigadores sobre si existe un patrón de favorecimiento.

La Fiscalía dejó claro que en esta audiencia de este miércoles no solicitará que Roa sea capturado. El objetivo es únicamente formalizar los cargos contra él. Su defensa, mientras tanto, ha señalado que considera innecesaria su renuncia del cargo en Ecopetrol mientras avanza el proceso judicial.