La Fiscalía General de la Nación abrió fuego nuevamente contra Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, esta vez por un presunto caso de administración desleal que se remonta a 2018 en el municipio de La Estrella, Antioquia. Se trata de un préstamo de 300 millones de pesos que López habría recibido de forma irregular mientras fungía como socio y representante legal suplente de la empresa Practimax S.A.

En la mira de los investigadores está también Fernando Albert, exgerente y socio de Practimax, quien supuestamente autorizó esa transacción financiera. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero nunca debió salir de la empresa porque la operación no tenía relación alguna con el objeto comercial de la compañía. El resultado, según los fiscales, fue un daño económico tanto para Practimax como para otros accionistas vinculados al negocio.

Lo que más intriga a las autoridades es hacia dónde fue realmente ese dinero. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que los 300 millones pudieron haber terminado financiando la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018. Sin embargo, esta línea investigativa aún está en proceso de verificación y no hay confirmación definitiva sobre esto.

La Fiscalía asegura contar con elementos materiales probatorios suficientes para atribuir tanto a López como a Albert la conducta de administración desleal. Recientemente, durante una diligencia judicial, los fiscales trasladaron su escrito de acusación. López comparecció acompañado por su equipo de defensa después de que inicialmente se solicitara declararle en contumacia por su ausencia.

El abogado del exdirector de la UNGRD presentó un recurso de apelación cuestionando varias decisiones del proceso. La audiencia para resolver esa apelación quedó fijada para el 22 de julio de 2026.

Este caso es apenas uno de los frentes judiciales que enfrenta López. El exfuncionario continúa respondiendo por otras investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la UNGRD, donde se le señala por presunto direccionamiento irregular de contratos y desvío de recursos públicos. De hecho, esta misma semana aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación en otro expediente distinto.