La Fiscalía ha comenzado a tomar acciones contra los primeros funcionarios con fuero en el denominado caso Aremca, la investigación sobre un desfalco monumental al Sistema General de Regalías que habría superado el medio billón de pesos mediante contratos direccionados.

La exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, enfrentará cargos por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos de regalías cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos. Estos proyectos, según la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, incluían trabajos de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo en los municipios de Arauca y Tame.

Lo que ocurrió es bastante grave: Barrios Guarnizo habría designado como ejecutora de los contratos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe, pero de acuerdo con la investigación, esa entidad no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros ni jurídicos necesarios para administrar recursos del sistema de regalías. A la exgobernadora le serán imputados cuatro delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía y prevaricato por acción.

La Fiscalía también ha anunciado que compulsará copias ante la Corte Suprema para que se investigue a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y a la ex viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, hoy integrante de la junta directiva de Ecopetrol. Esto por una resolución del 19 de septiembre de 2025 mediante la cual el Ministerio de Ambiente designó como ejecutora de un proyecto de regalías a la Asociación de Municipios del Caribe. El contrato superaba los 24.240 millones de pesos y estaba destinado a restauración ambiental en municipios del Cesar como Valledupar, San Diego, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná.

Para la Fiscalía, esa decisión fue ilegal desde el principio. Como expresó el fiscal delegado en revelaciones hechas por La Fm: "Esta Fiscalía delegada efectuará la respectiva compulsa de copias a la ministra, pues se entiende que todo lo que viene en adelante es ilícito si la causa de algo es un ilícito. Todo lo que sigue y los efectos subsiguientes a esa causa devienen en ilegalidad".

Este caso forma parte de una trama más amplia de corrupción que habría utilizado asociaciones de municipios para direccionar contratos financiados con recursos públicos del sistema de regalías y facilitar presuntas irregularidades en la contratación.