La tensión no cesa en el cañón del Micay. Un juez de control de garantías ordenó prisión preventiva para Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena, señalados como civiles que habrían puesto sus capacidades al servicio de las disidencias para orquestar tres secuestros masivos de uniformados en los municipios de Argelia y El Tambo durante 2025. Estos hechos dejaron a 157 policías y militares privados de la libertad.

Según la Fiscalía General, los procesados se habrían articulado directamente con la estructura 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc para movilizar a la población civil local con el propósito de retener soldados que operaban en la región. El primer operativo ocurrió entre el 6 y 8 de marzo en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. Luego, en junio, 57 militares fueron trasladados por la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas. El tercero sucedió entre el 7 y 8 de septiembre en el cerro El Tigre, cuando 72 uniformados fueron capturados y posteriormente liberados.

Los investigadores sostienen que Galvis Plaza y Giraldo Mena cumplieron roles de dirección, coordinación y negociación en cada incidente. Presuntamente daban instrucciones para mantener a los capturados bajo custodia y dialogaban con autoridades estatales para exigir concesiones a cambio de las liberaciones. El fiscal explicó que "cuando parte de la población civil, de manera voluntaria, llega a acuerdos con estas estructuras para desplazar a la Fuerza Pública, se concretan con el propósito de mantener beneficios para el grupo criminal, como el cese de operaciones militares". Ambos hombres fueron imputados por secuestro extorsivo y concierto para delinquir en sus formas agravadas, y rechazaron los cargos.

Durante uno de estos episodios, campesinos de El Plateado incineraron una tanqueta militar tras enfrentamientos prolongados con la policía y el ejército. Las autoridades investigan si los hoy procesados lideraron esa protesta.

Pero en la comunidad local la decisión judicial ha generado rechazo. Líderes comunitarios del cañón del Micay consideran que las acusaciones carecen de fundamento y aseguran que ambos hombres son representantes comunitarios de reconocida trayectoria en la zona. Habitantes de la región también cuestionan las estrategias del Gobierno para recuperar territorios y alertan que el aumento de presencia militar ha agudizado las tensiones, especialmente en poblaciones como El Plateado, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa para identificar posibles cómplices en estos hechos.