Nueve años después de los hechos, la justicia avanza en un caso que deja en evidencia los excesos que se pueden cometer en operaciones militares. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acusó al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García por el homicidio de un campesino en la zona rural de Arenal, en el departamento de Bolívar.

Los cuatro militares integraban un grupo de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa 1 de la Quinta Brigada del Ejército. Ese 9 de abril de 2017 participaban en una operación diseñada para ubicar y capturar a alias Cusi, un comandante del Ejército de Liberación Nacional que operaba en la región. Lo que sucedió después, sin embargo, terminó en tragedia para dos civiles inocentes.

Durante los desplazamientos para ejecutar la misión, el teniente Barrios Zuzunaga ordenó a sus subordinados interceptar a dos hombres que caminaban por la zona. Cuando los civiles se negaron a cooperar y comenzaron a correr, los uniformados abrieron fuego contra ellos. Una de las personas murió en el incidente y la otra fue detenida. La investigación posterior reveló que ninguno de estos hombres tenía vínculos con la guerrilla que buscaban. De hecho, alias Cusi fue capturado horas después en otro lugar completamente diferente.

La Fiscalía sostiene que los militares actuaron de manera desproporcionada y violaron los protocolos establecidos. Según el análisis de la investigación, los uniformados no se identificaron adecuadamente ni tomaron las medidas necesarias para asegurar que los campesinos comprendieran la orden de detenerse antes de disparar. Esta negligencia en el procedimiento, sumada al uso innecesario de la fuerza, fundamenta la acusación por homicidio en persona protegida, un delito que reconoce la vulnerabilidad de los civiles en conflictos armados.