Hace seis años que la Fiscalía mueve los engranajes de un juicio contra los principales líderes de las disidencias de las Farc: Calarcá, Iván Mordisco, Jhon 40 y el ya fallecido Gentil Duarte. La acusación es contundente: reclutaron y obligaron a trabajar a aproximadamente cien menores de edad en actividades que iban desde lo más básico hasta lo más peligroso del conflicto armado.

El caso se instruye en Villavicencio bajo supervisión de la fiscal especializada Lizbeth Lorena Calderón Parejo, quien ha documentado en 105 páginas cómo estos comandantes "vincularon, durante el periodo 2007 a junio de 2019 a 100 menores de edad en los departamentos de Nariño, Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Huila, Cauca, Vaupés, Valle del cauca, Vichada, Guainía y Boyacá". Nariño fue donde más ocurrió, con veinte casos documentados, seguido por Meta con diecinueve y Guaviare con doce.

Los menores no fueron una mano de obra menor. La Fiscalía detalla que cumplían desde labores de cocina y transporte de provisiones hasta funciones de combatiente: manejaban armas, trasladaban cocaína y colocaban artefactos explosivos. Lo más preocupante es que muchos fueron divididos en tres grupos según el momento en que ingresaron. Algunos entraron a las Farc antes del acuerdo de paz de 2016, otros continuaron siendo víctimas en manos de las disidencias después del acuerdo, y un tercer lote fue reclutado directamente por los grupos armados residuales ya en tiempos de paz.

La forma en que los enganchaban también merece atención. La estrategia más común era ofrecerles falsas promesas de trabajo con mejoras económicas y sociales, asegurándoles que podían irse cuando quisieran, cosa que nunca sucedía. Esta modalidad atrapó a veinticinco menores. Otros fueron retenidos a la fuerza o convencidos con un discurso de "lucha armada" y "reivindicación social" en reuniones donde los supuestos líderes políticos buscaban captarlos en sus territorios. Hubo amenazas contra la integridad física de los menores y sus familias. Y si intentaban desertar, las consecuencias eran severas: los "consejos de guerra" internos podían castigar la fuga con la muerte.

La investigación también reveló que estas estructuras disidentes mantuvieron la arquitectura organizativa de las antiguas Farc: jerarquías, reglamentos y símbolos. Pero sobre todo, conservaron sus fuentes de dinero: cobran un impuesto por kilo de base de coca y extorsionan sistemáticamente a ganaderos y comerciantes para financiar sus operaciones. Incluso se le atribuye a uno de los acusados la creación del "Frente Tercero", una unidad especializada en la extorsión.

Actualmente, la Fiscalía mantiene una recompensa superior a los cuatro mil millones de pesos tanto por Iván Mordisco como por Jhon 40. Mordisco lidera el Estado Mayor Central de las disidencias en el Guaviare y ha esquivado la muerte en dos bombardeos recientes del Ejército. Ya una vez en 2022 lo dieron por muerto, pero reapareci en abril de 2023. Jhon 40, considerado el principal financista de la Segunda Marquetalia, opera desde zonas selváticas en la frontera con Venezuela.