Fiscalía acusa a Bonilla y Velasco de direccionar contratos en Invías y UNGRD para favores políticos
La Fiscalía formalizó acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presuntamente intervenir indebidamente en contratos de instituciones estatales a cambio de apoyo político en el Congreso. Los señalamientos incluyen concierto para delinquir, interés indebido en contratos y cohecho. Entre 2023 y 2024 habrían intentado direccionar proyectos por más de 730 mil millones de pesos en beneficio de congresistas.
La Fiscalía General de la Nación no dejó pasar más tiempo y formalizó acusación contra dos exministros del gobierno Petro. Ricardo Bonilla González, quien fue titular de Hacienda, y Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior, enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El caso gira alrededor de una presunta maniobra para manipular proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la investigación, ambos exfuncionarios habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento para direccionar estos contratos a congresistas que les devolvieran el favor apoyando iniciativas gubernamentales en el Senado y la Cámara de Representantes.
Las pruebas que recopiló la Fiscalía revelan que entre junio y septiembre de 2023 intentaron intervenir en 78 contratos, 73 de ellos en Invías y 5 en UNGRD, por un monto de 612 mil millones de pesos. De esos proyectos, solo siete llegaron a concretarse. Después, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos más en la UNGRD para atender emergencias en municipios de Arauca, Córdoba y Bolívar, por 86 mil 619 millones de pesos. Aunque estos contratos no se materializaron, los congresistas involucrados sí aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento para el Gobierno nacional.
El tercer período de supuesta intervención indebida ocurrió entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, cuando los acusados habrían buscado que un contrato de la UNGRD en Sahagún, Córdoba, por 35 mil millones de pesos, fuera entregado a personas vinculadas con un congresista de la Comisión Primera del Senado. Este proyecto tampoco llegó a ejecutarse.
Fuente original: Minuto30