Mientras Calarcá continúa operando en las sombras, la Fiscalía no se cruza de brazos. El cabecilla de las disidencias Alexander Díaz Mendoza, conocido así en el bajo mundo, sigue expandiendo su poder criminal bajo la protección de la política de Paz Total, mientras que las Fuerzas Militares permanecen amarradas: el Gobierno aún no autoriza reactivar la orden de captura en su contra, una decisión que parece estar íntimamente ligada a la insistencia del presidente Gustavo Petro de mantener vivas las conversaciones con este grupo armado.

Lo que sí está en movimiento es el trabajo investigativo. La semana pasada, la fiscal general Luz Adriana Camargo se reunió con delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para discutir si reactivaban la orden de captura, pero no llegaron a acuerdo. Sin embargo, el expediente sigue abierto y bajo la lupa, especialmente porque hay indicios de que Calarcá habría incumplido las condiciones exigidas por la Ley de Paz Total y los parámetros que fijó la Corte Constitucional.

Mientras tanto, la Fiscalía concentra sus esfuerzos en cinco líneas de investigación que nacieron del análisis forense de computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, durante la interceptación de una caravana de las disidencias. Las hipótesis que maneja van desde lo más grave hasta lo más sofisticado.

La primera pista apunta a posibles infiltraciones en el Estado. Los investigadores quieren saber si las disidencias lograron corromper o infiltrar a integrantes del Ejército Nacional o agentes de inteligencia para obtener información privilegiada que facilitara sus operaciones. La segunda línea tiene que ver con amenazas directas a la seguridad nacional: buscan evidencia sobre planeación de atentados, rutas, objetivos y estructuras logísticas de operaciones en curso o ya ejecutadas.

Pero hay más. La Fiscalía también investiga la financiación de campañas presidenciales. En este frente, los investigadores rastrean dinero que pudo haber fluido desde estructuras ilegales hacia campañas políticas, incluida la presidencial, para determinar si hubo aportes irregulares. La cuarta línea analiza posibles alianzas estratégicas entre distintas organizaciones criminales para fortalecer presencia territorial y economías ilícitas. Y finalmente, examinan cómo las disidencias habrían creado empresas de vigilancia y usado empresas de seguridad privada como fachada para actividades criminales, ganando cobertura y una apariencia de legalidad.

La situación jurídica de Calarcá sigue en evaluación. La Fiscalía dejó claro que la suspensión de su orden de captura no es indefinida y depende del cumplimiento estricto de las condiciones del marco de paz total. Las revisiones serán periódicas y tendrán en cuenta nuevos hechos, especialmente violaciones a derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario en territorios donde operan estas estructuras.