La fiscal general Luz Adriana Camargo cerró la puerta a una de las iniciativas del gobierno Petro para dialogar con grupos armados ilegales. Este martes 12 de mayo firmó una resolución rechazando la solicitud de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, decisión que habría significado un respiro para los máximos líderes de esta estructura criminal.

Entre los nombres incluidos en las órdenes que la Fiscalía se rehúsa a levantar están Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo, quien asumió el control de la organización tras la extradición de Otoniel. También aparecen Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, entre otros.

El gobierno nacional buscaba la suspensión temporal de estas capturas como parte de un proceso de conversación sociojurídica con el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, la organización que antes se conocía como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La propuesta permitiría que estos líderes se movilizaran hacia puntos de concentración en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, en un proceso que estaba previsto arrancar el 25 de junio.

Sin embargo, la Fiscalía tomó una postura firme al condicionar cualquier suspensión de órdenes de captura al cumplimiento de compromisos concretos. Según la resolución, el Clan del Golfo tendría que demostrar "el cese de crímenes que vulneren el Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados y el fin de las actividades económicas ilícitas". La decisión también mantuvo vigentes las órdenes de captura con fines de extradición, cerrando prácticamente todas las puertas al proceso de diálogo que proponía el gobierno.