Una investigación publicada por La FM destapa un escándalo en la Financiera de Desarrollo Territorial que pone en evidencia cómo 18 mil millones de pesos terminaron en manos de empresas con documentación fraudulenta. El dinero, proveniente del Fondo Paz administrado por la Presidencia, iba destinado a la compra de maquinaria pesada para mejorar vías en cinco municipios: Tibú y Sardinata en Norte de Santander, Roberto Payán y Tumaco en Nariño, y Villa Garzón en Putumayo.

Lo que comenzó como una licitación pública en noviembre de 2025 se convirtió en un proceso lleno de irregularidades desde el inicio. Los proponentes no presentaron ni siquiera los documentos básicos de constitución, algo que debería haber significado la descalificación automática. Sin embargo, Findeter otorgó al menos cinco prórrogas para que las empresas corrigieran sus fallas, alargando el cierre hasta diciembre. Todo indicaba que existía una prisa desmedida por adjudicar el dinero antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.

En noviembre recibieron tres propuestas. Pero cuando llegó diciembre, Findeter canceló la licitación al no poder hacer una adjudicación transparente. Un segundo intento en enero tampoco funcionó, así que la junta directiva tomó una decisión abrupta. En la madrugada del 29 de enero, apenas minutos antes de la medianoche, declararon desierto el proceso. Horas después, el 30 de enero, firmaron directamente con el Consorcio MAQ 2026. Una maniobra que levanta muchas sospechas.

Lo grave viene después. El Banco de Bogotá confirmó que una de las empresas del consorcio presentó una "carta cupo" completamente falsa, con logos y fuentes de texto adulterados. El banco incluso comunicó a Findeter que "no corresponde a la carta que nosotros emitimos. El cliente, aunque tiene cupos vigentes, no cuenta con la línea de carta cupo, lo cual se evidencia en el correo mediante el cual enviamos la certificación que se adjunta". Pero eso no fue todo. El consorcio ganador también presentó una certificación de la distribuidora Nissan que, según su representante judicial Cyslin Yelitza Sánchez, es "falsa".

Findeter sostiene que no conocía la denuncia de Nissan al momento de la contratación directa. Sin embargo, es difícil no cuestionarse cómo llegaron hasta el final empresas que ya habían sido señaladas por el Banco de Bogotá. La investigación de La FM también menciona vínculos del expresidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, con sectores del Partido Liberal. Todo junto pinta un panorama donde los controles de debida diligencia en la banca pública parece que brillaron por su ausencia.