A apenas días de que los colombianos vayan a las urnas para la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) lanzó un pronunciamiento público en el que expresa serias dudas sobre las propuestas del candidato Abelardo de la Espriella y sus potenciales consecuencias para la democracia y los derechos fundamentales del país.

El primer punto de controversia gira en torno a su plan de construir diez megacárceles aisladas, sin señal de comunicaciones, bajo lo que De la Espriella ha descrito como un modelo inspirado en políticas de seguridad de otros países. Aunque el candidato sostiene que estas cárceles están "diseñadas expresamente para impedir que desde ellas se siga extorsionando, coordinando delitos y gobernando redes criminales hacia afuera", la FIDH advierte que ese enfoque cargaría las consecuencias sobre poblaciones vulnerables. Según la federación, sus expertos han "documentado que ese modelo se traduce en detenciones arbitrarias de hombres jóvenes y pobres, en lugar de perseguir a los altos mandos responsables de la violencia. Esta selectividad no combate el crimen. Por el contrario, criminaliza la pobreza y vulnera el debido proceso al recaer sobre quienes son el último eslabón de las cadenas criminales".

Las preocupaciones no son infundadas. En El Salvador, donde se ha aplicado un modelo similar, la directora jurídica de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, contó en una entrevista con CNN que su organización ha registrado al menos 30.000 detenciones arbitrarias, lo que representa más de una tercera parte del total de 82.000 presos en ese país. Desde 2022, más de 3.000 menores de edad han sido detenidos, y según reportes de Human Rights Watch, muchas de esas detenciones se basan únicamente en denuncias anónimas o apariencia física, sin mayores investigaciones.

De la Espriella también ha planteado la posibilidad de reformar, desfinanciar o eliminar instituciones clave que nacieron del Acuerdo de Paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad Nacional de Protección y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras. Para la FIDH, "desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado".

En materia de relaciones internacionales, el candidato ha expresado su rechazo a organismos como la ONU y la OEA. En una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, De la Espriella manifestó: "Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿Eso de qué ha servido a Colombia?" y añadió que está "muy inclinado" a revisar la permanencia del país en algunos organismos multilaterales porque "la verdad es poco el resultado y poco el beneficio". Una eventual salida de Colombia de estos espacios, advierte la FIDH, debilitaría los mecanismos de protección para víctimas y afectaría la capacidad del país de interactuar en el ámbito internacional.

Además, la FIDH documentó episodios en los que De la Espriella ha generado tensiones con periodistas. Un juzgado ordenó al candidato retractarse por comentarios dirigidos a la periodista Laura Rodríguez que fueron considerados violencia basada en género. Aunque De la Espriella pidió disculpas públicamente, nunca cumplió la orden de retractación. La federación también mencionó una demanda que presentó contra el periodista Daniel Coronell en 2018, quien investigaba asuntos que comprometían al ahora candidato. Aunque la demanda fue retirada, la organización considera que "atacar a alguien por su género o demandar por ejercer su oficio son dos formas de silenciar la prensa libre".

La FIDH también se refirió a investigaciones publicadas por medios como Cambio y Vorágine que documentan transferencias bancarias superiores a 370.000 dólares que De la Espriella habría recibido entre 2014 y 2015 provenientes de empresas vinculadas a Alex Saab, el empresario señalado como presunto testaferro del régimen venezolano. Otra investigación reveló que una empresa reactivada meses antes de las elecciones recibió 1.299 millones de pesos de la campaña del candidato por transporte y logística. Aunque la FIDH enfatizó que rige la presunción de inocencia, consideró que la acumulación de cuestionamientos "exige explicaciones claras y públicas de quien aspira a la Presidencia de la República". Hasta el momento, ni De la Espriella ni su campaña se han referido específicamente a estas denuncias.