La polémica por el mural cubierto en Medellín no deja de generar roces entre los diferentes niveles de gobierno. En una entrevista con La FM, el alcalde Federico Gutiérrez reiteró que la decisión de pintar gris una obra que contenía la frase "Defensiva Antifa" respondía únicamente al cumplimiento de las normas que regulan las intervenciones artísticas en espacios públicos de la ciudad.

Gutiérrez explicó que en Medellín existe una reglamentación clara para los murales. "Aquí en Medellín hay una norma. Para pintar cualquier mural está reglamentado por acuerdo municipal; se pide un permiso, se analiza y se autoriza. Tenemos una política de arte urbano y numerosos murales financiados incluso con recursos de la Alcaldía", afirmó durante la entrevista. Según el alcalde, el mural que fue cubierto el pasado sábado no contaba con la autorización requerida, por lo que la administración actuó dentro de sus competencias.

El rechazo del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de redes sociales, Petro arremetió contra la administración distrital con tono crítico. Escribió que "pintar arte no es vandalismo" y calificó como "vándalos" a quienes tapan obras artísticas con pintura gris. Además, el mandatario nacional lanzó acusaciones sobre supuestas inversiones de Empresas Públicas de Medellín en fondos relacionados con "las mafias ilegales del oro" y cuestionó un presunto uso de recursos públicos para financiar campañas de desprestigio.

Uno de los puntos que más molestó a Gutiérrez fue la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo durante la elaboración del mural. "Lo grave de esa situación es que iban acompañados por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en una actuación abiertamente ilegal. ¿Qué tiene que estar haciendo un funcionario de la Defensoría al lado de esas personas amparando un hecho ilegal?", cuestionó el alcalde. Por esta razón, la administración solicitó una investigación disciplinaria sobre la actuación de esos servidores públicos.

Cuando se le preguntó si sus acciones constituyen censura, Gutiérrez fue contundente en rechazar esa calificación. Sostuvo que su obligación como alcalde es gobernar y preservar el orden en la ciudad, no silenciar expresiones. Subrayó que la Alcaldía impulsa y financia proyectos de arte urbano autorizado, por lo que el problema no era el contenido artístico sino el incumplimiento de la normativa para intervenir espacios públicos.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que sostendrá una reunión con Gutiérrez para discutir el caso. Mientras tanto, la controversia continúa abierta en varios frentes: la solicitud de investigación disciplinaria contra funcionarios de la Defensoría, la respuesta que dará esa entidad, y el debate más amplio que ha surgido sobre los límites entre libertad de expresión y regulación del espacio público en la ciudad.