El alcalde de Medellín, Federico "Fico" Gutiérrez, lanzó un ataque frontal contra la política de paz total del Gobierno Petro, pidiendo al Congreso que derogue tres artículos clave de la ley que la sustenta. Para Gutiérrez, esta iniciativa presidencial, que busca negociar con distintos grupos armados para reducir la violencia, se ha convertido en una herramienta que beneficia a los criminales en lugar de controlarlos.

El alcalde dirigió sus críticas especialmente hacia las facultades que permite la ley para que el Gobierno solicite el levantamiento de órdenes de captura. "Lo que estamos proponiendo es que se acabe ese problemita de raíz", afirmó Gutiérrez. Según su visión, mientras la ley permanezca vigente, el Presidente tendrá las herramientas para, en sus palabras, "permear criminales". Gutiérrez sostiene que esto mantendría abierta una puerta que debería cerrarse definitivamente.

Uno de los puntos que más molestia generó en el mandatario es el rol de los voceros y gestores de paz que provienen de grupos armados. "No son voceros de paz, son los peores criminales", señaló con dureza. En su perspectiva, estas designaciones representan un reconocimiento y una legitimación de quienes deberían estar enfrentando la justicia.

Como ejemplo concreto de lo que considera un fracaso, Gutiérrez mencionó el caso de alias "Calarcá". "¿Cuál ha sido la experiencia? Calarcá, un desastre, se fortaleció la estructura criminal", expresó. Para el alcalde, los hechos demuestran que la estrategia no está funcionando como se prometió.

Gutiérrez también respaldó las acciones recientes de la Fiscalía General, que ha revisado beneficios otorgados a personas vinculadas con estos procesos de negociación. "Es muy importante que no se premie a esos criminales", recalcó. Además, reveló que ha compartido información sobre algunos de los involucrados con agencias estadounidenses como el FBI y la DEA, expresando su esperanza de que algunos de ellos vuelvan a ser pedidos en extradición.

Finalmente, el alcalde fue categórico al hacer un llamado a los legisladores para que actúen rápidamente. "A Colombia no se le puede entregar el país a las estructuras criminales", concluyó, dejando clara su posición de que la modificación de la ley es urgente y necesaria para proteger el país.