La cárcel de Itagüí se convirtió en centro de una tormenta política cuando salieron a la luz videos de una celebración privada organizada por cabecillas criminales dentro del penal. El evento incluyó un concierto del cantante Nelson Velásquez con un costo estimado de 500 millones de pesos, además de licor y otros lujos. Lo grave es que varios de estos individuos participan como voceros en las mesas de diálogos de paz urbana del Gobierno.

Cuando el INPEC realizó una inspección sorpresa, encontró algo que nunca debería estar en una cárcel: neveras, módems WiFi, lavadoras, estufas y consolas de videojuegos. El hallazgo fue tan evidente que derivó en la separación del cargo de 11 funcionarios del penal por presuntas fallas en protocolos de seguridad y posible corrupción interna. El Gobierno Nacional respondió suspendiendo temporalmente la mesa de interlocución con estructuras criminales del Valle de Aburrá, como La Terraza y Pachelly.

Pero para Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, esto va más allá de un error administrativo aislado. El mandatario vio en la fiesta la expresión más clara de lo que acusa como complacencia deliberada con el crimen organizado. "Todo lo que vemos es cómo se concreta un pago de favores de parte del gobierno nacional a las peores estructuras criminales", afirmó.

Gutiérrez no se quedó ahí. También arremetió contra lo que describió como el uso de canales oficiales del gobierno para darles vocería pública a integrantes de estas organizaciones criminales. "Se volvieron voceros de las peores estructuras criminales. Fueron entregando el país", señaló, asegurando que esa permisividad explica el crecimiento de grupos como las disidentes, el ELN y el Clan del Golfo. "Crecieron con la complacencia del gobierno nacional", indicó.

El episodio de la cárcel se suma a otra controversia que ya tiene encendida la discusión política: la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas del Valle de Aburrá, una decisión que la Fiscalía tuvo que reversar parcialmente ante la presión pública.