El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó palabras al reaccionar frente a los audios que reveló Noticias Caracol sobre los acercamientos secretos entre el gobierno del presidente Petro y el Clan del Golfo. El mandatario fue tajante en sus exigencias: las grabaciones deben convertirse en investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata.

A través de redes sociales, Gutiérrez calificó los hechos como la confirmación de lo que siempre había denunciado. Para el alcalde paisa, esto demostraría que el gobierno de Petro llegó al poder a través de lo que llamó el "Pacto de la Picota" y habría gobernado en beneficio de estructuras criminales. "Durante cuatro años les dieron beneficios y privilegios a los peores delincuentes del país. Negociaron la no extradición, acordaron dejar de perseguirlos, hablaron de sacar generales y de hacer limpieza en la inteligencia del Estado", escribió Gutiérrez.

El alcalde también señaló una contradicción dolorosa: mientras el gobierno sostenía esos acercamientos con el grupo criminal, ciudadanos, policías, militares y líderes sociales como Miguel Uribe fueron asesinados por las mismas estructuras que, según su análisis, el gobierno fortaleció.

En sus pronunciamientos, Gutiérrez recordó que los audios revelan reuniones en las que el entonces alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, habría acordado con el Clan del Golfo un cese de bombardeos, la suspensión de operativos militares y la depuración de la inteligencia estatal, todo antes de que el proceso de negociación fuera formalizado públicamente.

El mandatario fue más directo en sus conclusiones y calificó la llamada "Paz Total" como el resultado de un pacto político con criminales. "Esto nos tiene que doler a todos. No puede ser un escándalo más. De aquí tienen que salir investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata. Y tiene que llegar el momento en que paguen, incluyendo a Petro", sostuvo.

Según datos del Ministerio de Defensa, entre 2022 y 2025 el Clan del Golfo pasó de 4.061 a 9.915 integrantes, expandiendo su presencia de 145 a 338 municipios. Esta cifra es central en el argumento de Gutiérrez para demostrar que la organización criminal se fortaleció durante el gobierno actual, no que se debilitó.