A Medellín se le está complicando terminar el Metro de la 80 sin el apoyo que le prometió la Nación. Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, volvió a lanzar críticas duras contra la administración de Gustavo Petro por no girar ni un solo peso en 2026 para financiar esta obra estratégica. El reclamo lo hizo en un momento simbólico: durante el anuncio de un nuevo Metro Cable para San Antonio de Prado, otro proyecto de movilidad que la ciudad está sacando adelante.

El mandatario local asegura que esto no es simplemente un trámite administrativo lento, sino lo que ve como un desplante deliberado del Gobierno Nacional contra Antioquia y sus proyectos de infraestructura. Aunque el Metro de la 80 no se detendrá gracias a la gestión que está haciendo el Distrito, Gutiérrez deja claro que la Nación está incumpliendo "flagrantemente" con sus obligaciones legales de cofinanciación pactadas en los convenios de movilidad y la Ley de Metros.

Los números son contundentes. El Estado debe aportar 497 mil millones de pesos para el desarrollo del proyecto, pero en lo que va de 2026 no ha girado un centavo. Peor aún, en 2025 solo recibieron cerca de 80 mil millones, una cifra que el alcalde considera insuficiente frente a lo que demanda el cronograma de obra en el occidente de la ciudad. Mientras tanto, Medellín está "sacando de su propio bolsillo" y gestionando créditos externos para que el proyecto no se quede estancado.

"Estamos respondiendo con recursos propios mientras el Gobierno no se pone al día con Medellín", sentenció Gutiérrez. Y aprovechó para hacer un llamado político: "Menos mal ya va a cesar la horrible noche y ojalá llegue un gobierno que quiera a Antioquia y a Medellín, un gobierno que entienda que el progreso de nuestras regiones es el progreso de Colombia".

Pese a estos tropiezos financieros, la Alcaldía insiste en que el proyecto avanzará. Esperan alcanzar entre el 70% y 75% de avance al terminar el mandato de Gutiérrez, con operación comercial proyectada para el primer semestre de 2029. En los frentes críticos como gestión predial y reparación de redes de servicios públicos en el corredor de la 80, aseguran que irán en firme.

Desde la administración local dejan claro que estos giros no son un "favor" del Presidente. Son una obligación legal que el Gobierno debe cumplir. La falta de estos recursos no solo afecta los tiempos de la obra, sino que genera una presión innecesaria sobre las finanzas de Medellín, que hoy carga sola con una responsabilidad que, según la ley, le corresponde a la Nación para garantizar la movilidad de millones de ciudadanos.