El alcalde Fico Gutiérrez no se quedó quieto. Junto con los gerentes de la red hospitalaria pública de Medellín, radicó una demanda ante el Consejo de Estado cuyo propósito es invalidar el nombramiento de Daniel Quintero Calle como Superintendente Nacional de Salud. La acción legal va contra el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, el acto administrativo que expidió la Presidencia de la República para designar a Quintero en este cargo.

La demanda está firmada no solo por Gutiérrez, sino también por Juan David Arteaga Flórez, gerente del Hospital General de Medellín; Adriana María Velásquez Arango, gerente de Metrosalud; y Olga Cecilia Mejía Jaramillo, directora del Hospital Infantil Concejo de Medellín. Los demandados en el proceso son el propio Quintero, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Superintendencia Nacional de Salud.

El argumento central de la demanda es claro: Quintero no reúne los requisitos constitucionales ni legales para ejercer este cargo. Los demandantes presentan dos acusaciones principales. Primero, dicen que su formación académica no es la adecuada. El manual de funciones de la Superintendencia exige que quien la dirija cuente con conocimientos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, políticas públicas sanitarias y riesgos en salud. Sin embargo, Quintero es ingeniero electrónico y especialista en finanzas, disciplinas que según los demandantes no están autorizadas para este cargo.

La segunda acusación toca la experiencia laboral. Para ser Superintendente se requieren 84 meses de experiencia profesional relacionada con el sector salud. Según la demanda, Quintero trabajó en Intrasoft, INNpulsa Colombia y MinTIC en áreas de tecnología e informática, campos completamente ajenos a la vigilancia sanitaria. Sus 46 meses como alcalde de Medellín, argumentan los demandantes, son de naturaleza política y no cuentan como experiencia técnica en salud, además de estar por debajo de los 84 meses requeridos.

Como medida de urgencia, Gutiérrez y los gerentes pidieron al Consejo de Estado que ordene la suspensión provisional del Decreto 0433. En el documento advierten que tener a alguien sin formación técnica en salud dirigiendo este organismo de control representa un riesgo para la vida de los ciudadanos y agrava la crisis institucional y financiera que ya enfrenta el sistema sanitario. La petición final es contundente: que se ordene la desvinculación inmediata de Quintero del cargo mientras el Consejo de Estado emite su sentencia definitiva.