El alcalde Federico Gutiérrez sacó a la luz pública sus cuestionamientos sobre la convocatoria realizada en Medellín para el 1 de mayo en apoyo al Gobierno Nacional. A través de una denuncia, Fico aseguró que la asistencia a estas concentraciones estuvo marcada por intimidación, presión de grupos armados y, lo más grave a su juicio, por la necesidad de transportar personas de otros lugares para llenar las plazas.

El alcalde fue contundente en sus números. Según la información del Puesto de Mando Unificado, a Medellín llegaron 17 chivas de municipios como Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia. Además ingresaron 22 buses de transporte especial del Bajo Cauca y alrededor de 30 buses de servicio público colectivo desde barrios como la Comuna 1, 4 y 13, así como Altavista. Con esta información en la mano, Gutiérrez lanzó su pregunta más incómoda: quién estaba pagando todo este despliegue logístico.

"Convocan una marcha en Medellín, pero tienen que traer gente de otros municipios y transportar personas de diferentes barrios bajo intimidación para llenarle la plaza a Petro", afirmó el alcalde. Para Fico, esto refleja una estrategia repetida de otras ocasiones para aparentar apoyo popular sin base real en la ciudad.

Aunque reconoció el respeto por las luchas históricas de sindicatos y trabajadores, Gutiérrez fue enfático en señalar que la jornada había sido desvirtuada. Denunció la presencia de personas encapuchadas y la instrumentalización de comunidades indígenas, incluyendo menores de edad. Pero lo más grave, según su versión, fue lo que denominó presunta participación de bandas delincuencionales. "Tenemos información de que las mismas estructuras criminales han presionado a las empresas de buses para que lleven a sus miembros y personas a la marcha", señaló Gutiérrez, vinculando estas acciones con la implementación de la llamada Paz Total.

Para el alcalde, lo que ocurrió en las calles de Medellín fue una repetición de estrategias conocidas. Incluso comparó el evento con manifestaciones previas realizadas en la Plazoleta de la Alpujarra, denominándola como el "Tarimazo 2.0".

La administración municipal aclaró que, a pesar de garantizar todas las seguridades para el derecho a la protesta, cada una de estas supuestas irregularidades quedó debidamente registrada en el acta oficial del Puesto de Mando Unificado para las investigaciones que correspondan. El interrogante que Gutiérrez dejó flotando en el ambiente sigue siendo el mismo: quién financia estas operaciones de transporte y movilización.