La orden de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, sacudió el panorama político nacional. La medida se sustenta en una investigación sobre una presunta participación del mandatario en actividades políticas durante la campaña electoral. Arizabaleta justificó su decisión argumentando que existen elementos que indicarían una posible interferencia de Petro en el trámite de la investigación.

Pero la medida no tardó en ser cuestionada por juristas y autoridades legales, quienes señalaron un problema fundamental: la Cámara de Representantes simplemente no tiene las facultades constitucionales para apartar de su cargo al presidente de la república. El debate sobre los límites de poder de esta instancia se encendió casi inmediatamente.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no se guardó su opinión. Mediante redes sociales fue directo al cuestionamiento, expresando: "No crean bobos a los Colombianos". Gutiérrez fue más allá y sugirió que podría tratarse de una maniobra coordinada diseñada para que Petro se presente como víctima ante sus seguidores.

El alcalde planteó un escenario hipotético de cómo imagina que habría sido la comunicación entre el presidente y Arizabaleta. En su reconstrucción, sugirió que Petro habría propuesto orquestar una sanción en su contra poco días antes de las elecciones, argumentando que eso lo victimizaría ante sus bases. Gutiérrez incluso mencionó que Arizabaleta es congresista del partido del presidente y es exesposa de Roy, aunque no desarrolló este punto en su crítica.

Lo que quedó claro es que la acción de la Comisión de Investigación ha abierto un frente de tensión adicional en la política colombiana, con sectores de la oposición cuestionando tanto la legalidad de la medida como las intenciones detrás de ella.