Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no dejó pasar la oportunidad para arremeterse contra la política de paz del Gobierno después de que la Fiscalía General de la Nación decidiera mantener las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo. A través de redes sociales, el mandatario celebró la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo y fue claro en su mensaje: "la justicia no se negocia".

La controversia surgió cuando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz había solicitado suspender automáticamente esas órdenes de captura como parte del proceso de diálogos que el Gobierno mantiene con el grupo armado, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Sin embargo, el 12 de mayo la Fiscalía anunció que por ahora no aplicará esas medidas, argumentando que necesita verificar completamente aspectos legales y operativos como la identificación de los integrantes, la vigencia de las órdenes y el estado de las solicitudes de extradición.

Gutiérrez fue contundente en sus críticas. Afirmó que en Colombia "no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan", y calificó la política de "paz total" como "el pacto de la Picota", una expresión que hace referencia a la impunidad. El alcalde también advirtió sobre lo que considera "impunidad y complicidad" en estos procesos.

El caso de alias 'Chiquito Malo', señalado como máximo jefe del Clan del Golfo y solicitado en extradición por Estados Unidos, fue el que más polémica generó en toda esta controversia. La Fiscalía recordó que ya existe un concepto favorable de extradición emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025.

Ante el lío político, el presidente Gustavo Petro salió a aclarar que él nunca autorizó la suspensión de la extradición de 'Chiquito Malo'. Aseguró que la decisión tomada por la delegación de paz no fue consultada con él y reiteró que "en las primeras fases del proceso no actúan extraditables". Petro también aclaró que todavía no ha aprobado la lista de combatientes que serían trasladados a las zonas de ubicación temporal propuestas en Córdoba y Chocó.

Mientras la tensión política sigue al rojo vivo, la Fiscalía continúa analizando minuciosamente el listado de los 29 integrantes del Clan del Golfo para determinar si existen las condiciones legales necesarias para avanzar en beneficios dentro del proceso de paz.