El servicio de ferry que durante más de cinco décadas ha conectado a Magdalena y Atlántico está en el aire. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena decidió suspender las operaciones en Salamina argumentando que falta de permisos ambientales de ocupación de cauce. Para los operadores como Yimi Quintero, la decisión suena como una "persecución" institucional contra un servicio que jamás necesitó esos requisitos en sus 50 años de funcionamiento ininterrumpido.

Lo que pasa en Puerto Las Carmelitas y Puerto Giraldo es que la gente común se está quedando sin puente. Esa lancha movía más que carga y vehículos: permitía que una madre llevara a su hijo enfermo al hospital del Atlántico, que los comerciantes transportaran sus productos, que llegaran medicamentos y comida a una zona que ya está de por sí alejada del país. "La gente de a pie utiliza los Johnson para cruzar, pero el desabastecimiento y el encarecimiento de los productos es lo que realmente nos golpea", dicen los líderes de la comunidad. Ahora la alternativa terrestre por la Vía de la Prosperidad es más larga, más cara y está en malísimas condiciones.

Desde Corpamag explican que esto no es un capricho burocrático. El director Alfredo Martínez Gutiérrez asegura que la operación actual, ubicada a solo 600 metros de la cabecera municipal, "es insostenible". Informes técnicos de la Universidad del Magdalena y la Sociedad Colombiana de Ingenieros advierten que el ferry estaría acelerando la erosión de una ribera ya vulnerable. Además, en septiembre de 2025 un vendaval hundió parcialmente una embarcación, demostrando que hay riesgos reales para pasajeros y trabajadores sin protocolos de emergencia.

La situación viene de lejos. El río Magdalena ha estado erosionando la zona durante más de una década, tanto que el Instituto Nacional de Vías la catalogó como crítica. El Invías hizo obras de estabilización que, según los reportes técnicos, se ven comprometidas precisamente por el ferry. La Procuraduría Ambiental incluso solicitó formalmente ante el Tribunal Administrativo del Magdalena el cese definitivo de la operación en su ubicación actual.

Los operadores insisten en que exigir estos permisos ahora, después de cinco décadas funcionando, es desproporcionado. Pero Corpamag no cede: dice que el principio de precaución ambiental debe estar por encima de todo. Mientras tanto, en las mesas de trabajo interinstitucionales con la Alcaldía, Invías y Findeter, la incertidumbre crece. Una población se siente atrapada entre una norma ambiental que parece llegar tarde y una necesidad de movilidad que es urgente y real.