El pulso por el salario mínimo llegó a su punto de quiebre. Mientras el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salía de la mesa de concertación laboral asegurando que había consenso para mantener el aumento del 23,7% para 2026, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, levantaba la mano en señal de rechazo. No es un detalle menor. Fenalco representa a más de un millón de micro y pequeñas empresas, el corazón del comercio colombiano: panaderías, tiendas de barrio, ferreterías, restaurantes, peluquerías. La ruptura refleja una grieta profunda en el acuerdo que el Gobierno intentaba sellar.

El punto de Fenalco no es ideológico sino técnico, al menos eso insiste Cabal. Según el gremio, el Gobierno cometió un error que ya fue señalado por el Consejo de Estado: nunca explicó de verdad por qué llegó a 23,7%. "Aunque las cifras fueron mencionadas, no fueron ponderadas ni se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso específico de cada variable en la determinación final", afirmó Cabal. En otras palabras, el Gobierno dijo "inflación cuenta esto, productividad cuenta aquello" pero nunca mostró la cuenta matemática. Es como si alguien le dijera que su factura de servicios subió porque la energía subió y el agua subió, pero no le mostrara el desglose de cuánto fue cada una.

Lo que angustia a Fenalco es que ese aumento de casi una cuarta parte del salario mínimo golpea a sus afiliados en un momento particularmente vulnerable. No llega solo. Viene junto con la reforma laboral que aumentó los costos para contratar, y ahora además con la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales. Cabal lo llamó "el triple impacto". Para un pequeño comerciante que vive del día a día, contratar a dos empleados al nuevo salario mínimo es exponencialmente más caro. El resultado que Fenalco teme: esos empleados terminarán en la economía informal, sin protecciones ni seguridad social.

Los números que Fenalco presenta para sustentar su posición son preocupantes. Entre enero de 2025 y enero de 2026, mientras el salario mínimo sube 23,7%, los precios al consumidor subieron aún más en algunos rubros: 25% en transporte, 39% en comidas fuera del hogar, 20% en salud. Eso significa que aunque los trabajadores ganaron más en pesos nominales, su poder de compra real no mejoró proporcionalmente. Y eso afecta más a los hogares pobres, que gastan casi todo en estos rubros. Fenalco advierte además que un ajuste desconectado de la realidad productiva del país podría esfumar más de 700.000 empleos formales.

Cabal fue claro en sus demandas al Gobierno: cuando presente el nuevo decreto, debe respaldar cada número con fuentes oficiales del DANE, utilizar solo los factores que la ley autoriza, y no debe reabrir debates que ya se cerraron en la mesa técnica. Citó incluso una guía de la Organización Internacional del Trabajo que advierte que incrementos excesivos generan "efectos adversos no previstos". Para Fenalco, esto no es pedir lo imposible. Es pedir que se haga correctamente.

Lo que está realmente en juego es quién paga la factura de una decisión que aparentemente todos querían: trabajadores demandan más salario, el Gobierno quería ayudar, pero los pequeños empresarios argumentan que serán ellos, al final, quienes absorban el costo, posiblemente despidiendo empleados o echándose al hombro la informalidad. Fenalco advierte que si el próximo decreto repite los errores anteriores sin justificación técnica clara, volverá ante el Consejo de Estado. Y entonces el ciclo se repite: incertidumbre, inversiones congeladas, empleo en riesgo.