La familia del exsenador y excandidat presidencial Miguel Uribe Turbay salió a cuestionar la decisión administrativa que apartó del cargo al mayor en retiro Javier González Gutiérrez, quien fungía como juez especializado en justicia penal militar. El cuestionamiento surge porque González Gutiérrez había ordenado recientemente el archivo de una investigación relacionada con el esquema de seguridad del dirigente político.

A través de un comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, los representantes de la familia expresaron su preocupación por el timing de esta decisión. Según los abogados, resulta sospechoso que la declaratoria de insubsistencia del juez se conociera apenas una hora después de culminada la audiencia en la que se determinó archivar el proceso contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección.

Durante esa audiencia, el juez había concluido que el oficial investigado realizó diversas acciones para garantizar la seguridad de Uribe Turbay a pesar de las dificultades operativas, las limitaciones de personal y las restricciones que enfrentaba el esquema. En su fallo, el magistrado consideró que la conducta investigada no constituía delito y señaló que las posibles responsabilidades relacionadas con fallas logísticas y de recursos corresponderían a otras instancias y deberían ser analizadas por la justicia ordinaria.

Los abogados de la familia indicaron que continuarán adelantando todas las actuaciones judiciales necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en torno al homicidio del dirigente político.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación por presunto prevaricato por omisión contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Según la defensa de la familia, este proceso coincide temporalmente con las recientes decisiones adoptadas en las investigaciones relacionadas con el caso Uribe.