En Duitama, Boyacá, la justicia avanza contra un esquema de estafa que durante varios años logró engañar a 45 personas que soñaban con tener casa propia. La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres integrantes de una misma familia: Nelson Guarín Dueñas, su esposa Yolanda Lucía Divantoque Gómez y el hijo de ambos, Diego Alejandro Guarín Divantoque, como presuntos responsables de ofrecer proyectos de vivienda que nunca existieron o carecían de los permisos de construcción necesarios.

El negocio ilícito operó entre 2018 y 2024. De acuerdo con las investigaciones, los acusados lograron captar más de 1.536 millones de pesos de sus víctimas. Las personas engañadas entregaban dinero bajo la promesa de separar inmuebles a través de documentos que aparentaban ser legítimos contratos de compraventa, pero que nunca se materializaron en una casa real.

Lo que hizo atractivo el ardid fue la manera como lo presentaban. Los tres ofrecían planes de pago que parecían accesibles para gente con recursos limitados, y acompañaban sus ofertas con documentación que generaba confianza. Mostraban planos de viviendas, señalaban terrenos donde supuestamente se construiría, y aseguraban que todo contaba con los respaldos de las autoridades competentes. Era una operación coordinada en la que cada uno cumplía un rol específico.

Según la Fiscalía, Nelson Guarín Dueñas actuaba como representante legal de una constructora. Su trabajo era mostrar los terrenos, hablar con los compradores y firmar los contratos. Mientras tanto, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque reforzaban la credibilidad del montaje exhibiendo los planos de las casas y garantizando que los trámites estaban en regla ante las autoridades.

Un fiscal de la Seccional Boyacá presentó a los tres ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, un cargo que rechazaron. El juzgado impuso prisión inmediata en cárcel para Nelson Guarín Dueñas, mientras que su esposa deberá cumplir detención preventiva en su residencia. El caso continúa en desarrollo dentro del sistema judicial colombiano.