La familia de una paciente adulta mayor diagnosticada con cáncer salió a denunciar públicamente a la EPS Sanitas por lo que considera una vulneración grave de su derecho a la salud. El problema es serio: la entidad no habría autorizado a tiempo los medicamentos necesarios para continuar con la quimioterapia, dejando frenado un tratamiento que no puede esperar.

Según relatan los allegados, la demora ya suma dos ciclos completos de quimioterapia sin realizarse, mientras los días transcurren sin una respuesta clara de la EPS. La preocupación es justificada: cada semana que pasa sin el tratamiento oncológico puede significar un deterioro progresivo en el estado de salud de la paciente, y en estos casos el tiempo literalmente juega en contra.

Los familiares ya han agotado caminos legales para intentar resolver la situación. Presentaron una acción de tutela e incluso un incidente de desacato, pero hasta ahora dicen que no han conseguido una solución concreta que reactive el procedimiento médico. El silencio institucional es lo que más les angustia en un momento en que cada día cuenta.

Ante esta situación, decidieron hacer pública la denuncia como último recurso para presionar por una respuesta inmediata. El llamado va dirigido tanto a Sanitas como a las autoridades de salud competentes, exigiendo que se garantice sin más retrasos el acceso al tratamiento ordenado por los médicos tratantes y que se proteja efectivamente el derecho fundamental a la salud que, según denuncian, está en riesgo por las barreras administrativas.