Los cercanos de Miguel Uribe Turbay expresaron su rechazo total al preacuerdo que estaría negociando la Fiscalía General de la Nación con Elder Arteaga, conocido como "El Costeño", señalado como una pieza fundamental en el crimen que acabó con la vida del dirigente político. A través de un comunicado firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, la familia dejó clara su posición: no aceptarán que se otorguen beneficios judiciales a quien consideran uno de los principales ejecutores del asesinato.

Lo que más molesta a los familiares es que, según su perspectiva, Arteaga nunca ha colaborado de verdad con la justicia. Por el contrario, aseguran que ha utilizado maniobras dilatorias y acciones para entorpecer y desviar el proceso judicial. Incluso lo responsabilizan de haber determinado la participación del menor de edad que accionó el arma en el atentado, una acusación grave que amplía su responsabilidad más allá de la coordinación del crimen.

En el comunicado, la familia advierte que otorgar privilegios judiciales a quien califican como "asesino y reclutador de menores" enviaría un mensaje equivocado al país sobre la impunidad. Sostienen que esto representaría una revictimización para quienes exigen verdad y justicia, y que afectaría la confianza pública en la administración de justicia.

Aunque respetan la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, los familiares insisten en que cualquier beneficio penal desproporcionado constituye una afrenta grave contra la dignidad de las víctimas y contra el esclarecimiento pleno de los hechos. Por eso anunciaron que agotarán todos los recursos legales nacionales e internacionales para oponerse a cualquier eventual acuerdo con "El Costeño" y para evitar que el crimen quede "sepultado en la impunidad".

La defensa de la familia también ha sido enfática en que las autoridades deben garantizar que cualquier decisión judicial permita conocer la verdad completa sobre la estructura criminal, los determinadores y las circunstancias que rodearon el asesinato. Mientras tanto, ni la Fiscalía ni la defensa de Arteaga se han pronunciado oficialmente sobre los detalles del eventual preacuerdo que tanto rechazo ha generado en los allegados a la víctima.