La muerte de Miguel Uribe Turbay sigue dejando heridas profundas en su familia, y ahora emergen nuevas tensiones en torno al proceso judicial. María Claudia Tarazona, viuda del asesinado líder político y exprecandidato presidencial, junto con Miguel Uribe Londoño, padre del difunto, rechazaron categóricamente la negociación penal que adelanta la Fiscalía General con Elder Arteaga, alias 'El Costeño'. El crimen ocurrió en junio de 2025, y Arteaga es señalado como uno de los principales engranajes detrás del atentado.

A través de un comunicado oficial divulgado por la firma jurídica Víctor Mosquera Marín Abogados, la familia expresó que este posible acuerdo constituye un agravio y un acto de revictimización. No es un desacuerdo menor: consideran que Arteaga fue el coordinador y enlace jerárquico de la estructura criminal que ejecutó el magnicidio. Más grave aún, lo acusan de haber sido quien ordenó a un menor de edad que disparara contra el precandidato.

La indignación de los Uribe Turbay también apunta hacia la estrategia defensiva del procesado. Denuncian que sus abogados han empleado lo que llaman "maniobras dilatorias" para entorpecer el juicio, sin aportar elementos significativos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos. En el comunicado, subrayan que "conceder privilegios a quien fungió como coordinador (...) constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos".

Lejos de quedarse en declaraciones públicas, la familia informó que ha impartido instrucciones precisas a su equipo jurídico para intervenir activamente en el proceso. Advirtieron que, de ser necesario, acudirán a instancias internacionales para bloquear cualquier aval judicial a este preacuerdo. María Claudia Tarazona reafirmó su posición a través de sus canales oficiales, exigiendo que Arteaga sea castigo como "asesino y reclutador de menores" con la máxima sanción penal disponible, sin posibilidad de rebajas de pena ni condiciones especiales de reclusión.