Una investigación de elcolombiano.com sacó a la luz un entramado contractual que vincula a Armando Wouriyú Valbuena, figura clave en la movilización por la Asamblea Nacional Constituyente, y su círculo familiar con contratos públicos superiores a $20.000 millones de pesos en La Guajira. El esquema funciona con roles divididos: mientras Armando actúa como puente político en Bogotá, su hermano Gustavo Custodio Wouriyú ejecuta los recursos en el territorio a través de la Asociación Wayúu-Araurayú.

El crecimiento de las contrataciones ha sido vertiginoso bajo el actual Gobierno. Según registros del SECOP analizados por el medio citado, la asociación pasó de $1.000 millones en 2023 a $17.000 millones en 2024. Los fondos provienen de múltiples fuentes: el ICBF, el DANE, la Gobernación de La Guajira, las alcaldías de Uribia y Riohacha, y ministerios como Interior, Educación, Agricultura y Salud. Uno de los contratos más cuestionados ocurrió en julio de 2023, cuando recibieron $6.000 millones del Ministerio de Agricultura supuestamente para beneficiar a 5.880 pescadores, pero líderes locales denuncian que esos beneficios nunca llegaron.

La investigación también destaca la creación de la Entidad Territorial Indígena (ETI) de la Zona Extrema Norte de La Guajira, la primera de su clase en Colombia desde 1991. Esta estructura otorga a los Wouriyú el control sobre 60.000 personas y 54 kilómetros de costa estratégica. Sin embargo, autoridades tradicionales aseguran que la ETI se configuró sin la consulta previa debida y acusan a Armando de utilizar su influencia para que líderes con poca formación firmen acuerdos que comprometen el territorio.

La desconexión entre la proyección política de Wouriyú en la capital y su imagen en La Guajira es abismal. Mientras en Bogotá es reconocido como interlocutor legítimo de los Wayúu y promotor de proyectos de transición energética como el hidrógeno verde, en los corregimientos de Taroa y Nazareth lo consideran un "negociante y politiquero". Las comunidades señalan que a pesar de los miles de millones en contratos, las carencias estructurales persisten: no hay agua potable garantizada, la salud sigue colapsada y las vías de acceso continúan deterioradas.