Las carreteras de Córdoba volvieron a estar en el ojo del huracán. Un fallo del Centro Internacional de Resolución de Disputas ordenó terminar anticipadamente el contrato de la concesión Ruta al Mar y condenó al pago de más de 3,5 billones de pesos en el litigio contra la ANI. La noticia encendió todas las alarmas en el departamento, donde ahora crece el temor de que los proyectos viales más importantes de la región Caribe queden a medio camino.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara fue claro en expresar la gravedad de la situación. Entre las preocupaciones más inmediatas está que la doble calzada entre Cereté y Lorica podría quedar sin terminar, además del riesgo sobre el mantenimiento de corredores estratégicos como La Apartada, San Antero y El Porvenir. Proyectos que durante años se vendieron a los cordobeses como clave para mejorar la competitividad del departamento.

Pero el problema va más allá de lo que se ve en las obras. Según el mandatario, cerca de 500 kilómetros de vías quedarían bajo administración de Invías, incluyendo alrededor de 350 kilómetros de red nacional que atraviesan Córdoba. La preocupación es legítima: ¿tendrá el Estado los recursos suficientes para mantener en buen estado todas esas vías? La experiencia en otras regiones no inspira tranquilidad.

El impacto económico podría ser considerable. El turismo, el transporte de productos agrícolas y miles de empleos ligados a las obras y operación de la concesión están en la mira. Las comunidades también se cuestionan qué pasará con los peajes y cómo se sostendrá el sistema vial en el futuro.

"Córdoba no puede retroceder", insistió Zuleta, pidiendo al Gobierno Nacional respuestas rápidas. El gobernador fue enfático al señalar que una decisión de nivel nacional no puede terminar golpeando a las regiones mientras se resuelve el conflicto. En municipios donde la gente esperó durante años la modernización vial como promesa de desarrollo, hoy vuelve el miedo de quedar literalmente a mitad de camino.