La justicia tiene fecha para definir el destino judicial de Carlos Caicedo. Un juez estableció que el próximo 25 de junio, a las 9:30 de la mañana, se dará a conocer el fallo en el proceso que lo investiga por hechos relacionados con un contrato del 2014 destinado a intervenir cinco centros de salud en Santa Marta: Bastidas, Mamatoco, La Paz, La Candelaria y Taganga.

El anuncio se hizo después de una maratónica audiencia el viernes pasado que duró siete horas. En esa jornada, la Fiscalía General de la Nación presentó su posición solicitando que Caicedo sea condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Los fiscales argumentaron que, dada su formación como abogado y su experiencia como mandatario distrital, Caicedo tenía pleno conocimiento de las presuntas anomalías que rodeaban el proyecto.

Durante los alegatos, el fiscal anticorrupción fue contundente en su señalamiento. Señaló que desde el inicio del contrato ya existían advertencias sobre la demolición de varios puestos de salud sin que hubiera garantías de alternativas para mantener la atención médica en las comunidades. Agregó que las obras carecían de viabilidad técnica del Ministerio de Salud y que terminaron siendo estructuras inconclusas, abandonadas o reducidas a escombros. Lo grave es que, según la investigación, comunidades vulnerables quedaron sin acceso cercano a servicios básicos de salud. Durante la audiencia incluso se mencionaron casos de personas que presuntamente fallecieron por falta de atención médica oportuna. La Procuraduría y la Alcaldía de Santa Marta respaldan la petición de condena.

Pero la defensa de Caicedo, dirigida por el penalista Iván Cancino, mantiene una posición contraria. Cancino insistió después de la audiencia en que "no existe evidencia que demuestre participación directa o conocimiento de Caicedo sobre las presuntas irregularidades contractuales" y que la Fiscalía no logró probar que el entonces alcalde hubiera intervenido de manera irregular en el proceso contractual ni que actuara con intención de causar daño. Según su defensa, las responsabilidades administrativas y técnicas recaían en distintas dependencias y funcionarios, no en Caicedo, razón por la cual pide su absolución.

El fallo del 25 de junio será determinante. Ese día se sabrá si la justicia respalda la acusación de la Fiscalía o si Caicedo logra demostrar su inocencia en este litigio que ha marcado su trayectoria política.