Con una escoba en la mano como símbolo principal, Sergio Fajardo presentó en Bogotá su apuesta anticorrupción para llegar a la presidencia. El candidato y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, anunciaron en la sede de Ecopetrol un paquete de medidas pensadas para enfrentar uno de los males que más golpea al país. Ese objeto tan cotidiano representa, según explicó Fajardo, la necesidad de "limpiar" las prácticas corruptas antes de poder avanzar con otras propuestas de gobierno.

Para Fajardo, la escoba también habla de la gente común que ha sufrido las consecuencias del robo de recursos públicos. "Es el poder de los que no tienen poder", afirmó el candidato, insistiendo en que primero hay que poner en orden las finanzas públicas. No le falta razón cuando menciona casos como el de la UNGRD, que muestran cómo la corrupción impacta directamente en lo que la población necesita. Bonilla, por su parte, fue más concreta: si recuperan esos dineros robados, podrán usarlos para mejorar la vida de los colombianos.

El plan de Fajardo no es solo castigar a los corruptos. Busca recuperar esa plata desviada y ponerla al servicio de la gente. Para eso plantean diez medidas que combinan cambios institucionales, decisiones judiciales y participación de los ciudadanos. Una de las primeras es reforzar los organismos que investigan y persiguen la corrupción, dándoles más recursos, mejor tecnología y herramientas legales más fuertes.

También proponen centralizar el trabajo de la Fiscalía, la Procuraduría y la DIAN en una sola instancia nacional, para que no trabajen dispersas y sean más efectivas. Quieren un control más estricto sobre los grandes proyectos de inversión y sobre entidades públicas que manejan dinero pero tienen vigilancia relajada. Además, acelerarían los procesos para recuperar bienes obtenidos ilícitamente y destinarlos a propósitos sociales.

En cuanto a la selección de funcionarios, Fajardo plantea fortalecer los criterios de mérito para evitar que lleguen personas por palancas políticas. Propone también reformas legislativas anticorrupción que estarían vigentes desde el primer día de un eventual gobierno suyo, con un enfoque preventivo que identifique riesgos según sectores y territorios. Para esto, trabajarían con autoridades locales, gremios y medios de comunicación.

Lo que completa el plan es un mayor protagonismo de la ciudadanía. La idea es ampliar los mecanismos para que la gente vigile el uso del dinero público, con acceso fácil a información en tiempo real y facilidades para denunciar irregularidades. Se trata de una apuesta que combina institucionalidad fuerte con participación desde la base, buscando reconectar con ciudadanos que sienten que la corrupción les roba sus oportunidades.