Un operativo judicial de envergadura permitió que seis ciudadanos colombianos fueran extraditados hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Entre los trasladados está Kevin Simón López Barros, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y alcalde encargado de Maicao, junto a Julio César de la Rosa Jiménez y Víctor Manuel Pushaina Epieyú, ambos de La Guajira. Los otros tres extraditados son Maduin José Quintero Pinzón, Eudoro Edison Latorre Vallejo y José Daniel Bolaños Echavarría.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional coordinó todo el procedimiento. Los seis detenidos fueron escoltados hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde abordaron un vuelo privado rumbo a territorio estadounidense. "Los ciudadanos fueron trasladados en un vuelo privado, quedando bajo la custodia oficial de los alguaciles federales de los Estados Unidos (US Marshals)", informó la Dijín.

Según las autoridades, los extraditados son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Las investigaciones señalan que integraban una estructura criminal que operaba a gran escala en Riohacha, Maicao y Cúcuta, moviendo drogas con destino a varios países de la región.

López Barros habría sido el presunto cabecilla de esta organización. Según la Dijín, lideró operaciones de compra, transporte y almacenamiento de estupefacientes provenientes de Norte de Santander. La red criminal contaba con rutas definidas hacia Centroamérica y el Caribe, con alcance internacional. También se le atribuyen presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, donde habría facilitado apoyo logístico y financiero para el tráfico de cocaína.

La banda utilizaba lanchas tipo Go Fast para movilizar los cargamentos de droga desde costas guajiras. Estos cargamentos tenían como primer destino puntos estratégicos en Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente eran enviados hacia Estados Unidos. Con esta extradición, avanzan las acciones judicales contra estructuras dedicadas al narcotráfico que tienen impacto en varias regiones del país.