Colombia está viviendo los momentos más convulsos de su actual transición presidencial. Este domingo 5 de julio, dos movimientos simultáneos de distinto origen han llevado la tensión política a niveles que no se veían desde que comenzó el relevo de poder hace unos días.

El coordinador del equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella, Carlos Alonso Lucio, fue tajante en sus declaraciones a la revista Cambio. Afirmó que Gustavo Petro "debe ser juzgado" y, más allá, aseguró que el próximo gobierno no descartaría su extradición a Estados Unidos si la justicia norteamericana lo solicita. Lucio justificó su postura diciendo que "el cambio de época que estamos viviendo tiene que tener un límite con la impunidad", y mencionó que existen denuncias activas en contra del mandatario saliente dentro de las instituciones colombianas, incluyendo una que él mismo interpuso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara relacionada con los llamados pozos de Caquetá.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. El mismo domingo anunció a través de X que presentará demandas civiles por calumnia e injuria contra quienes, a su criterio, divulguen falsedades en su contra, la de su familia o el progresismo en general. En ese mismo mensaje exhortó a sus seguidores a mantenerse en la vía judicial y pacífica, aunque también mencionó entre las posibles acciones colectivas la solicitud de nulidad de las elecciones celebradas el 21 de junio.

En paralelo a esta confrontación verbal, Luis Guillermo Pérez Casas, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y defensor de derechos humanos, anunció hace días que el próximo martes 7 de julio radicará una demanda de nulidad electoral contra De la Espriella ante el Consejo de Estado. Los argumentos que utilizará son tres: presunta violencia psicológica ejercida sobre los electores durante la campaña, una supuesta inhabilidad que derivaría de la doble nacionalidad colombo-estadounidense del mandatario electo, y posible injerencia extranjera en el proceso electoral.

Pérez no solo pide la nulidad, sino que también solicitará una medida cautelar urgente para suspender el acto administrativo del CNE que declaró electa a De la Espriella, buscando con esto frenar la posesión prevista para el 7 de agosto. El exmagistrado, tras hacer pública su intención de demandar, reveló haber recibido amenazas contra su integridad personal y la de su familia, por lo que exigió a la Fiscalía que abra una investigación inmediata.

Faltan 33 días para que se produzca el cambio de mando, y aunque ambas partes acordaron iniciar la transición formalmente el 1 de julio, el ambiente se calienta día a día. La radicación de la demanda el próximo martes promete ser el próximo capítulo de una confrontación que cada vez muestra menos señales de contención.