Las autoridades judiciales de Bolívar avanzaron en un caso de presunta corrupción administrativa en el sector educativo cartagenero. Un fiscal de la Unidad de Administración Pública imputó formalmente cargos contra Lincoln Ramírez Torres, un hombre de 55 años acusado de contratar sin respetar los requisitos que exige la ley.

Los hechos que investiga la justicia se remontan a 2020, cuando Ramírez Torres se desempeñaba como tesorero de una institución educativa localizada en el barrio El Pozón. Según el análisis de los investigadores, durante su gestión habría firmado siete contratos para servicios, suministro de materiales, mantenimiento y reparación de infraestructura, entre otros rubros, sin seguir los protocolos establecidos en la normativa de contratación pública.

Lo que agrava las acusaciones es que el ex funcionario habría autorizado el pago de aproximadamente 80 millones de pesos a los contratistas pese a que, según la Fiscalía, las obras nunca llegaron a iniciarse. Además, los investigadores encontraron deficiencias graves en los procesos de control y planeación que debería haber ejercido en su cargo.

Durante las diligencias judiciales, Ramírez Torres no reconoció los cargos que le presentaron. Sin embargo, la Fiscalía ya completó su trabajo de acusación formal, lo que significa que el proceso continúa avanzando en los juzgados para determinar su responsabilidad.