La Fiscalía General de la Nación, específicamente a través de su Unidad de Administración Pública en Bolívar, imputó cargos contra Lincoln Ramírez Torres, de 55 años, extesorero de un colegio ubicado en el barrio El Pozón de Cartagena. La acusación es por presuntas irregularidades en contratación pública que habría cometido durante 2020. El delito que le endilgó es contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uno de los más comunes en casos de corrupción en entidades estatales colombianas.

De acuerdo con las investigaciones de policía judicial, Ramírez Torres habría firmado siete contratos relacionados con prestación de servicios, suministro de insumos, mantenimiento logístico y reparación de bienes inmuebles. El problema es que ninguno de estos contratos cumplió con los requisitos que la ley exige para la contratación estatal. Pero hay algo más preocupante aún.

Los investigadores descubrieron que el extesorero avaló pagos por aproximadamente 80 millones de pesos a los contratistas, a pesar de que los trabajos ni siquiera habían comenzado. Esto representa una falla grave en las funciones de control y planeación que la normativa exige en los procesos de contratación pública. Es decir, dinero salió de las arcas de la institución sin que hubiera contrapartida alguna en obra o servicio.

En las audiencias ante la justicia, Ramírez Torres rechazó los cargos que le formularon. Sin embargo, la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación, lo que significa que el caso avanza directamente hacia el juicio oral. La Unidad de Administración Pública, encargada de investigar delitos de corrupción que afecten el patrimonio estatal, continúa con el trámite del proceso.

Este caso refleja una problemática más amplia que aqueja a instituciones educativas en todo el país. Los recursos que deberían destinarse a infraestructura, dotación y servicios en colegios públicos han sido desviados o mal administrados en múltiples ocasiones, afectando directamente a estudiantes de comunidades vulnerables. En El Pozón, uno de los barrios más poblados y con mayores necesidades de Cartagena, el impacto es aún más grave porque la comunidad depende significativamente de estos servicios educativos públicos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de irregularidades. Quienes tengan información pueden comunicarse a la línea anticorrupción 018000-919748 o usar el portal de la Fiscalía General de la Nación para reportar casos de desvío de recursos públicos.