En una diligencia judicial llevada a cabo este miércoles, José Antonio Salazar Ramírez, quien fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó categóricamente los cargos que la Fiscalía ha presentado en su contra. Los señalamientos incluyen prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, acusaciones que rodean una supuesta trama de corrupción relacionada con la asignación de un contrato crucial para expedir, almacenar y entregar pasaportes en el país.

Según la Fiscalía, Salazar habría tomado decisiones por fuera de sus atribuciones en febrero de 2024. El acusador sostiene que el exfuncionario "solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados". El punto neurálgico de la acusación son tres resoluciones administrativas (números 1394, 1395 y 1396, todas del 26 de febrero de 2024) expedidas por Salazar cuando estaba en la Cancillería. A través de estos documentos, "revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual", detalla el ente acusador.

Estas decisiones allanaron el camino para que un contrato de pasaportes con vigencia hasta el 31 de julio de 2026 fuera adjudicado por 559 mil millones de pesos a un único proponente. Un monto considerablemente elevado para un proceso que, según la Fiscalía, nunca debió reactivarse.

La investigación contra Salazar va más allá del contrato. Durante los años que estuvo en la Cancillería, entre agosto de 2022 y febrero de 2026, adquirió un predio rural en el municipio de Puerto López valuado en 950 millones de pesos. Lo que preocupa a los fiscales es que, en ese momento, no existía evidencia de que Salazar tuviera los recursos económicos para hacer esa compra. El ente acusador señala que no hay "transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles", lo que ha generado sospechas sobre el origen del dinero invertido.