En Cartagena, la justicia cerró un caso más de corrupción dentro de los centros de detención. Un juez avaló el preacuerdo presentado por Isaías Martínez Gélvez, un exfuncionario que trabajaba como custodio en la cárcel de Ternera y que reconoció haber cometido actos de corrupción mientras ejercía funciones bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. La decisión se dio tras investigación de la Fiscalía adscrita a la Unidad de Administración Pública en Bolívar.

El caso revela una práctica que ha preocupado a las autoridades durante años: la introducción de elementos prohibidos dentro de los penales. Martínez Gélvez admitió, de forma libre y asesorado legalmente, haber facilitado el ingreso ilegal de drogas, teléfonos celulares y cargadores al interior del establecimiento. Estos elementos estaban dirigidos a un interno que estaba siendo procesado por extorsión. Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2022 y enero de 2023, período en el que el custodio aprovechó su posición para vulnerar los controles de seguridad a cambio de dinero.

Lo grave de esta conducta está en lo que representa: un servidor público que tenía el deber de custodiar y proteger el orden dentro de la cárcel incumplió su obligación de forma sistemática. Los celulares que entraban no son un lujo para los reclusos; son herramientas para coordinar delitos desde adentro, como las extorsiones que mencionaba el caso. Las drogas alimentan problemas de seguridad que afectan a todos: internos, funcionarios y ciudadanos en general.

La sentencia impone 3 años y 5 meses de cárcel al condenado, más una multa equivalente a 35,33 salarios mínimos mensuales de la época en que ocurrieron los hechos. Además, quedará inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante todo ese tiempo. Este tipo de sanciones buscan enviar un mensaje claro: la corrupción dentro de los centros de detención tiene consecuencias graves.

Para las autoridades en Cartagena, este caso se suma a una preocupación más amplia sobre irregularidades en los penales de la región. Por eso han insistido en fortalecer los mecanismos de supervisión interna y en fomentar que denuncien cuando sospechen de funcionarios que actúen fuera de la ley. La lucha contra la corrupción en estos espacios no es solo un asunto de justicia; es un asunto de seguridad pública.