La madrugada del miércoles 25 de marzo, Cúcuta volvió a despertar al sonido de una explosión. Alrededor de las 11:40 p.m., una carga explosiva de gran potencia detonó en el Anillo Vial Occidental mientras varios vehículos militares se desplazaban por la zona. El impacto fue tan contundente que destruyó parte de la vía y dejó a cinco soldados con lesiones por la onda expansiva, incluyendo al conductor del vehículo afectado. Todos fueron llevados rápidamente a un centro asistencial donde permanecen estables bajo vigilancia médica, según reportó el comando de la Trigésima Brigada.

El fuerte estruendo se escuchó en distintos puntos del área metropolitana, generando pánico entre los habitantes. Después se confirmó que la explosión ocurrió en cercanías de San Isidro, en jurisdicción de San Cayetano, cuando la caravana militar se movilizaba desde Sardinata hacia Cúcuta. De inmediato, las tropas activaron protocolos de seguridad para resguardar la zona y evitar nuevos ataques contra civiles y uniformados.

El Ejército no tardó en atribuir responsabilidades. A través de un comunicado oficial, la institución señaló que el atentado habría sido perpetrado por integrantes del Frente de Guerra Urbano del ELN como represalia por la ofensiva militar que mantienen en la región. "Esta acción criminal viola los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario", expresó la institución en su pronunciamiento.

Lo preocupante es que este no es un hecho aislado. A finales de febrero, la misma zona fue escenario de otro ataque contra uniformados de la Policía que dejó un subintendente muerto, un mayor herido y una mujer civil lesionada. El Anillo Vial Occidental se ha convertido en un corredor prácticamente castigado por la violencia, donde los grupos armados tienen claramente identificadas las rutas de movilización de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades continúan investigando los detalles operativos de cómo fue ejecutado este nuevo atentado. Mientras tanto, el Ejército hace un llamado a la comunidad cucuteña para que denuncie cualquier situación sospechosa a través de los números 107 y 147, en un intento por prevenir futuras acciones violentas. La seguridad en esa zona fronteriza sigue siendo un desafío mayúsculo.