El sábado 25 de abril, una explosión sacudió la Vía Panamericana en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, confirmó que el artefacto detonó mientras varios vehículos transitaban por la zona y dejó un saldo de 10 muertos, además de múltiples heridos. Con esta tragedia, ya suman 47 masacres en lo que va del año en Colombia, una cifra que evidencia la gravedad de la crisis de seguridad que vive el país, especialmente en el Cauca.

Lo más preocupante es que esto no fue sorpresa. Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo había emitido varias alertas tempranas advirtiendo sobre los riesgos en Cajibío. La Alerta Temprana 013/25 denunció la imposición de "gobernanza ilegal" por grupos armados que generaban peligro permanente para los civiles. Alertas anteriores de 2023 y 2026 también documentaron cómo las disidencias ejercían control absoluto del territorio con patrullajes constantes, retenes ilegales y restricciones a la movilidad de las comunidades rurales. A pesar de estas advertencias, el Estado no logró prevenir la tragedia.

El reporte de Indepaz identifica al Frente Jaime Martínez como la principal estructura criminal que domina la región con mano de hierro. Este grupo disidente controla el área junto con otras estructuras como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, todos pertenecientes al Bloque Occidental. También operan en la zona diversas bandas criminales locales que disputan espacios en este corredor estratégico del Cauca.

La masacre de Cajibío no solo enluta a diez familias y golpea al sector cultural del departamento. Pone en evidencia lo que muchos denunciaban: que las advertencias de riesgo emitidas por las autoridades no se materializaron en acciones concretas de protección. Una vez más, la población civil paga el precio de una confrontación que las mafias narcoterroristas libran sin piedad en el territorio caucano.