En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha usado sus redes sociales para cuestionar la solidez del proceso electoral colombiano. Desde denuncias sobre el software de conteo hasta preocupaciones sobre los formularios E-14, el mandatario ha expresado dudas sobre cómo la Registraduría conduce las elecciones. Incluso ha sugerido que soldados deberían ser testigos electorales para evitar lo que él considera un "fraude de los algoritmos". Estas críticas han generado alarma entre expertos y autoridades que advierten sobre el riesgo de socavar la confianza en los procesos democráticos a poco tiempo de los comicios.

Los cuestionamientos del presidente van dirigidos a varias instituciones. Dirigiéndose a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría, Petro aseguró que "es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral; es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia". También ha cuestionado la Misión de Observación Electoral, diciendo: "Alejandra (directora de la MOE) fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo". Estas críticas contrastan con lo que sostienen observadores internacionales y autoridades electorales del país.

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, describió un sistema muy diferente al que pinta el presidente. Según él, "el sistema electoral colombiano está basado en la transparencia, la apertura y la trazabilidad. Independientemente de software y sistemas de comunicación, las elecciones las hacen personas que son testigos directos de cómo van sucediéndose las operaciones. Y se da en un contexto de apertura: los jurados son ciudadanos y los partidos tienen acceso a todas las mesas electorales a través de sus testigos nombrados por ellos". De Gabriel utilizó una analogía clara: si se ve lo que entra en un tubo y lo que sale, y ambas cosas son iguales, lo que haya pasado dentro es "relativamente irrelevante". Por eso, subrayó que no hay que fiarse tanto de algoritmos, sino reconocer que "el sistema electoral colombiano es manual, humano, transparente y trazable".

En cuanto al software electoral, Petro ha denunciado que en 2022 aparecían mesas fantasmas cada cinco minutos sumando votos, y que el código no fue mostrado a los partidos. Sin embargo, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han sometido estos sistemas a auditorías internacionales. El mismo software que cuestiona fue utilizado en 2022, cuando el presidente ganó la elección. Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, calificó las críticas de Petro como "absolutamente desafortunados, equivocados y censurables", recordando que "es el jefe de Estado quien debe responder por todo el proceso electoral". De hecho, la Registraduría anunció que el 25 de febrero se realizaría una exposición pública del código fuente ante organismos de control, misiones internacionales y representantes de partidos.

El debate sobre los formularios E-14 también divide opiniones. Petro insiste en que dejar casillas en blanco "lleva al fraude electoral" y propone llenarlas con equis para evitar alteraciones. El registrador nacional Hernán Penagos, sin embargo, señaló que "diligenciar las actas con marcas adicionales como equis o círculos genera serias dificultades y hace incurrir en errores a los jueces durante el escrutinio. La instrucción es la de siempre y no ha cambiado en décadas". Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, consideró "inquietante" el tono del debate presidencial, advirtiendo que "lo que va a ocurrir es que se va a enrarecer el clima político; la gente va a empezar a construir escenarios de desconfianza".

Sobre la propuesta de que soldados sean testigos electorales, Galindo aclaró que la presencia de la Fuerza Pública en los procesos es normal y habitual, pero estos "están en la parte externa del puesto de votación". Dentro, están solo los jurados de votación, los testigos designados por los partidos y los ciudadanos. La idea del presidente, por tanto, cambiaría la estructura establecida. Galindo enfatizó, además, que existe "una responsabilidad del presidente de la República —desde el punto de vista constitucional—, absolutamente exigente", que consiste en garantizar tranquilidad en los comicios.

Lo que más preocupa a los observadores electorales es el impacto de estas declaraciones en la ciudadanía. Frey Muñoz, subdirector de la MOE, advirtió que los cuestionamientos presidenciales pueden incrementar la desinformación, especialmente entre los jurados de votación, quienes podrían enfrentar "una confusión en cuanto a si acatar las órdenes del jefe del Ejecutivo o acatar órdenes de la Registraduría Nacional". Muñoz fue enfático: las irregularidades solo se pueden establecer con "hechos verificables", y según su análisis, aquí "no hay ningún acto idóneo" que acredite fraude alguno.