Desde el 9 de abril, el país vive en tensión por los aumentos en el predial. Campesinos, gremios agropecuarios y ciudadanía se han movilizado contra la Resolución 2057 de diciembre de 2025, que ordenó actualizar masivamente los avalúos catastrales. En algunas zonas de Boyacá los incrementos alcanzan entre 4.000% y 9.000%, cifras que los protestantes consideran insostenibles tanto para la economía rural como urbana.

El trasfondo de este conflicto es ambicioso pero genera impactos inesperados. El Gobierno ordenó modernizar el catastro mediante el llamado catastro multipropósito, un sistema que no es apenas un inventario de predios, sino información sobre sus características físicas, jurídicas y económicas. La meta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 era pasar de 9,4% a 70% del territorio con actualización catastral, pero al cierre de 2024 apenas se alcanzaba 26,8%, lo que muestra que aunque avanzó, la brecha sigue siendo grande.

Luis Fernando Calderón, director del programa de contaduría pública de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, propone tres salidas. La primera es técnica y jurídica: aclarar que el avalúo (el valor del predio) no es lo mismo que el impuesto. El IGAC ha insistido en que aumentar el avalúo no implica automáticamente aumentar el predial, porque el valor final también depende de las tarifas que fija cada municipio. Para predios rurales hay un límite: no pueden subir más de 50% anual. Para viviendas de estratos 1 y 2, el aumento está atado al IPC (inflación).

La segunda solución es operativa: acelerar y masificar las revisiones individuales de avalúos donde haya inconsistencias. El gestor catastral tiene máximo tres meses para resolver cuando alguien solicita revisión, y hay mecanismos para suspender procesos con errores técnicos reconocidos. Calderón señala que en un contexto de conflictividad rural, esto debería ser prioritario: revisiones rápidas, correcciones precisas y no solo defender la metodología en general.

La tercera salida es política pública. El experto subraya que "se resuelve desacoplando mejor la modernización catastral del choque tributario de corto plazo". Esto significa que los municipios deben usar más activamente tarifas diferenciales, pagos por cuotas y alivios transitorios. También requiere que el Congreso apruebe una ley de transición tributaria, porque el proyecto que buscaba rediseñar los topes quedó archivado en 2024.

El problema actual es que la gradualidad implementada ha sido más técnica que fiscal. Hay metodología, hay etapas, hay topes vigentes, pero no existe una solución legal definitiva que reconcilie la actualización catastral con la capacidad de pago real de la gente. Hacia adelante, la segunda etapa del catastro multipropósito cubrirá predios urbanos, centros poblados y corregimientos. El país deberá decidir entonces si corrige la situación con nuevas reglas o permite que la tensión continúe resolviéndose caso por caso.