El senador Iván Cepeda encendió un debate que divide a expertos tras anunciar que podría encabezar una estrategia de desobediencia civil pacífica si el presidente electo Abelardo de la Espriella no resuelve sus dudas sobre la doble nacionalidad. Para Cepeda, quien asume el liderazgo de la oposición tras las recientes elecciones, el mandatario entrante debe renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de tomar posesión y garantizar que no existe conflicto de intereses que comprometa la soberanía nacional.

"Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional", señaló el senador. Además, convocó a sus seguidores a unirse a esta posición y a desconocer pacíficamente cualquier orden del futuro presidente si no se cumplen sus condiciones.

Sin embargo, el anuncio ha generado más preguntas que certezas. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que el alcance de la propuesta ha sido exagerado. Según su análisis, la verdadera discusión no está en la doble nacionalidad en sí, pues la Constitución colombiana no la prohíbe para ser presidente, sino en el eventual conflicto de interés que algunos juristas y exmagistrados han señalado. Para Bonilla, una eventual desobediencia civil se expresaría principalmente a través de marchas, concentraciones y campañas digitales, sin efectos jurídicos inmediatos.

Una postura completamente distinta sostiene Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Para él, no hay ninguna inhabilidad constitucional que impida que De la Espriella gobierne por su nacionalidad estadounidense, ya que es colombiano por nacimiento. Arrubla considera que el llamado de Cepeda es simplemente una posición política de desacuerdo, más que una institución reconocida por el sistema legal colombiano. Advierte eso sí que mientras las movilizaciones sean pacíficas, son legítimas y todos tienen derecho a protestar en Colombia.

El académico Felipe Vega, doctor en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, identifica el verdadero riesgo: el descontrol. "Esa desobediencia civil, en el marco de lo que están planteando, es muy poco controlable. Y ese es el riesgo", advirtió. Para él, un llamado de esta naturaleza podría escalar en protestas, bloqueos y acciones impulsadas por diversos sectores sociales, complicando la gobernabilidad para alcaldías, gobernaciones y el Gobierno nacional.

El abogado Francisco Bernate, por su parte, recordó que la desobediencia civil tiene antecedentes históricos respaldados por figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Pero en este caso persisten las incógnitas. "No queda claro a qué es aquello a lo que no van a cumplir, porque la normativa es una cosa y quien sea el presidente es otra", explicó Bernate. En otras palabras: aún no existe claridad sobre cuáles serían las acciones concretas que implicaría este llamado del líder opositor.