El presidente Gustavo Petro identificó hace poco que las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés han sido determinantes en la caída de la construcción de vivienda nueva en el país. Según el mandatario, cuando suben las tasas de interés, los compradores potenciales se retiran del mercado porque les sale más caro financiar un inmueble, lo que genera un efecto en cascada que golpea toda la cadena de la construcción.

Ante ese diagnóstico, el Gobierno anunció un cambio de rumbo: dejará de lado la prioridad en vivienda nueva y apuntará hacia mejoramientos habitacionales. La lógica presidencial es que el 80 por ciento del déficit de vivienda en Colombia es cualitativo, es decir, que muchas viviendas no necesitan ser reemplazadas sino mejoradas. El presidente planteó incluso que diez mejoramientos generan empleo equivalente al de una vivienda nueva.

Pero esa ecuación no es tan simple, según Sandra Forero Ramírez, concejal de Bogotá especializada en planeación urbana y vivienda. En su análisis presentado al medio Portafolio, Forero cuestionó primero el diagnóstico presidencial. Señala que el sector de la construcción de vivienda lleva diez trimestres consecutivos cayendo, una caída que comenzó mucho antes de los aumentos de tasas más recientes. Para Forero, el verdadero responsable es el manejo fiscal del Gobierno, que ha disparado las expectativas de inflación y, con ellas, las tasas de interés de largo plazo.

El impacto del cambio de política es concreto en los bolsillos de quienes dependen de la construcción. El sector de edificaciones de vivienda nueva emplea directamente a alrededor de un millón de personas. Desde que comenzó este Gobierno, ha perdido cerca del 15 por ciento de esa mano de obra. Para muchos trabajadores, especialmente para jóvenes sin experiencia, la construcción es la puerta de entrada al mercado laboral formal. Forero advierte que menos vivienda nueva significa menos trabajo, lo que presiona al alza los arriendos y empuja a más gente hacia la economía informal.

El presupuesto disponible para la nueva estrategia también presenta un reto. El programa Mi Casa Ya, que otorgaba 67.000 subsidios anuales hace unos años, ahora entrega menos de 9.000 y cero se esperan para 2026. Los subsidios de vivienda a través de Fonvivienda apenas alcanzan 1,7 billones de pesos para todo el año. Con el aumento del 23 por ciento en el salario mínimo, esos recursos rinden menos: donde antes se otorgaban cinco subsidios, ahora apenas alcanzan para cuatro. El Gobierno prometió 400.000 mejoramientos en su plan de desarrollo, pero a tres años no hay claridad sobre cuántos se han ejecutado realmente.

El Gobierno incluye en su nuevo paquete de medidas subsidios a la tasa de interés para pequeñas empresas y la agroindustria, además de articular programas de mejoramiento con iniciativas de energía solar. Si estas medidas no resultan suficientes y el país entra en crisis económica, Petro ha advertido que presentará una nueva reforma tributaria al Congreso e incluso no descarta acudir nuevamente a una emergencia económica. Para Forero, esa posibilidad representaría un golpe adicional a la confianza del sector constructor, que ya registra más de 134.000 desistimientos de proyectos y contracciones del 35 por ciento en el número de iniciaciones desde el inicio del mandato.