La propuesta de Iván Cepeda de crear un sistema anticorrupción nacional que sea liderado por el exmagistrado Iván Velásquez Gómez ha prendido las alarmas entre especialistas en derecho constitucional y miembros de la rama judicial. Cepeda presentó esta iniciativa en el programa Aquí y ahora de La FM, planteando que Velásquez, quien actualmente es embajador de Colombia en Italia, dirigiría y pondría en marcha todo el funcionamiento de este nuevo sistema. Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en llegar desde quienes advierten sobre posibles conflictos con las instituciones que ya existen en el país.

El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Madrid, Eloy García, fue uno de los primeros en señalar el problema de fondo: la iniciativa confunde dos tipos de corrupción completamente distintos. "Uno de los grandes problemas, no solamente de Colombia, pero especialmente de Colombia, es que para evitar males, hagamos una ley y creemos un organismo", advirtió García. Según su análisis, existe una diferencia entre la corrupción jurídica que persiguen los tribunales y la corrupción sociológica, que tiene que ver con un clima de degradación moral en la sociedad. El riesgo, explica, es que simplemente crear nuevas estructuras burocráticas no soluciona el verdadero problema. "Al final el controlador del controlador no hace nada más que ganarse el sueldo", señaló el constitucionalista.

Para García, la salida real pasa por un pacto nacional contra la corrupción que no sea únicamente de carácter penal, sino que aborde la dimensión ética y sociológica del fenómeno. Además, insistió en que este pacto debe involucrar a todas las fuerzas políticas después de las elecciones y no puede ignorar las instituciones existentes. El profesor advirtió sobre lo que ha sucedido en México, donde se intentó intervenir el poder judicial creando instancias electivas, con resultados que calificó como devastadores. Su conclusión es clara: hay que fortalecer a los jueces que ya existen, no crear nuevas instancias sin consenso.

Desde la rama judicial colombiana también salieron voces defendiendo que el sistema actual sí está funcionando. El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, fue contundente: "Estoy absolutamente convencido de que la justicia en Colombia está operando, de que los sistemas de control que hoy en día tenemos, desde lo disciplinario, desde lo penal y desde lo administrativo, le está mandando unas respuestas efectivas a la sociedad". Rodríguez recordó que la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado en 2023 sobre una propuesta similar, reafirmando sus competencias. Si hay reformas necesarias, dijo, estas deben surgir del diálogo con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que reúne a los presidentes de todas las cortes, la Fiscalía General y representantes de empleados judicales.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Vaquero, también apuntó que Colombia cuenta con mecanismos que han mostrado eficacia. Recordó que en las elecciones de Congreso la diferencia entre conteo y escrutinio fue de apenas 0,02 por ciento. "Las instituciones en Colombia sí funcionan", afirmó. Aunque reconoció que la compra de votos sigue siendo un problema que ocurre antes de la jornada electoral y escapa al control institucional.

Los tres analistas coincidieron en algo fundamental: cualquier reforma institucional debe tener como eje central el respeto a la Constitución de 1991. García subrayó que la Carta Magna colombiana diferencia al país de otros en la región, donde las constituciones "son una hoja de papel que no vale para nada". Rodríguez, por su parte, recordó que los jueces están sometidos al artículo 230 constitucional y que "cualquier propuesta que se haga al respeto de los cauces constitucionales tiene que ser reconocida y respetada por todas las autoridades". En conclusión, la advertencia de los expertos es clara: antes de crear nuevas estructuras, hay que fortalecer las existentes con consenso político real.