Los reiterados pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre riesgos de fraude en las elecciones, incluida su afirmación de que existe un "riesgo del 100 %", llegaron a los juzgados. El martes 24 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prosiguió una audiencia para analizar si esos señalamientos, especialmente difundidos en redes sociales, deben ser limitados. En ese contexto, Ignacio Javier Álvarez, quien fue relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compareció como experto para explicar los estándares internacionales sobre la materia.

La acción judicial fue promovida por el abogado Ramiro Bejarano, quien sostiene que las declaraciones presidenciales podrían afectar la confianza en el sistema electoral colombiano. El magistrado Luis Manuel Lasso lidera el análisis, enfocándose en los mensajes que Petro ha publicado en X y cómo impactan la percepción de transparencia institucional. Según Álvarez, aunque en una democracia es válido y necesario que las autoridades se manifiesten sobre asuntos de interés público, este derecho tiene límites claros.

El experto fue enfático en señalar que los funcionarios de alto nivel deben cumplir con un estándar de diligencia más exigente que el ciudadano común. No pueden difundir información sin respaldo verificable, y esto aplica incluso cuando se trata de opiniones. Según su análisis, el peso institucional de quien habla obliga a que incluso sus opiniones se sustenten en hechos comprobables. "Que un Presidente en ejercicio anuncie de antemano que habrá fraude en unas elecciones mina la confianza del electorado en el proceso mismo. Son declaraciones delicadas que incluso podrían generar violencia", expresó Álvarez.

El experto citó ejemplos de lo sucedido en Estados Unidos y Brasil, donde afirmaciones similares derivaron en episodios violentos. También enfatizó los riesgos especiales que comportan las redes sociales. Explicó que la velocidad con la que circula la información en estas plataformas reduce los márgenes para verificar datos y amplifica el alcance de cualquier mensaje. "Las redes permiten llegar a millones de personas en segundos, sin los mecanismos de verificación que suelen aplicar los medios de comunicación. Además, los altos funcionarios cuentan con una alta credibilidad", señaló.

La defensa presidencial, representada por el abogado Alejandro Carranza, cuestionó si existen restricciones para que el mandatario se pronuncie sobre decisiones judiciales. Álvarez respondió que no hay una prohibición general en el sistema interamericano que lo impida, pero aclaró que cada caso debe evaluarse conforme a su contexto y la forma en que se emiten esas declaraciones.

Las críticas de Petro hacia el sistema electoral tienen raíces en un episodio específico de 2014, cuando el partido MIRA perdió sus tres curules en el Senado tras el conteo inicial. Posteriormente, el Consejo de Estado identificó que más de 16.000 votos no habían sido contabilizados correctamente, lo que permitió rectificar el resultado y devolver la representación a esa colectividad. Este caso sigue siendo central en el debate actual.

La Procuraduría General de la Nación ya había solicitado en audiencias previas que se ordene al presidente abstenerse de hacer declaraciones que siembren dudas sobre la transparencia del proceso electoral, tanto en discursos como en redes sociales, con el argumento de proteger la confianza ciudadana en esta función pública.