En la JEP se destapó hace poco uno de esos capítulos oscuros que marcan la historia reciente del país. Durante el juicio contra el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez, tres exoficiales militares comparecieron para contar lo que vieron y participaron dentro del Batallón Contraguerrilla 79 entre 2004 y 2006 en el norte de Antioquia. Sus testimonios pintan un panorama que hiela la sangre: civiles ejecutados en frío y presentados después como bajas de combate.

Lo que quedó documentado en esas audiencias de la JEP fue que bajo la comandancia de Guzmán Ramírez, según la acusación formal presentada en diciembre de 2024, se cometieron homicidios de civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, desapariciones forzadas y tratos degradantes. El objetivo, según la hipótesis judicial, era mostrar "bajas" para obtener reconocimientos y beneficios dentro de la institución. Las víctimas eran civiles comunes a los que se les atribuía falsamente ser guerrilleros.

Uno de los casos más crudos que salió a relucir fue el de Seneida, una niña de apenas 13 años. El 13 de julio de 2004 fue detenida en un retén militar mientras viajaba en motocicleta por una carretera rural de Dabeiba. Aunque quien la acompañaba pudo seguir su camino después de identificarse, la menor quedó retenida. Un detenido bajo custodia militar la señaló diciendo: "Es Seneida, es guerrillera y participó en el combate en el que murió el teniente (Suárez, el 18 de marzo de 2005)". Esa acusación fue suficiente. Horas después fue trasladada junto a dos hombres más jóvenes —Diofanor Guisao de 17 años e Isidoro de Jesús Cardona de 21— hacia una finca llamada Tamarindales.

En la madrugada del 15 de julio fueron ejecutados los tres. Manuel Antonio Quintero Flórez, uno de los exoficiales que declaró, describió así lo ocurrido: "La orden es desplazarnos hasta ese punto y dar el resultado operacional de matar a esas personas (...) Se produjeron los disparos, se desplomaron las tres víctimas. Solamente estaba agonizando la niña y un soldado la remató". Después, los cuerpos fueron vestidos con uniformes militares, se les colocaron armas y se fotografiaron para crear un informe oficial que hablaba de un enfrentamiento con miembros del frente 5 de las Farc.

Los militares involucrados recibieron felicitaciones y descansos por lo que se presentó como un operativo exitoso. Quintero terminó siendo condenado a 35 años de prisión por estos hechos. Ya en la cárcel en Bogotá, aseguró que Guzmán Ramírez lo visitó y le pidió que lo mantuviera fuera de cualquier responsabilidad, ofreciéndole para ello 300 mil pesos y una loción para hombre como incentivo para guardar silencio. Pero finalmente Quintero decidió declarar ante la JEP.

Edwin Alberto Cardona Arias, otro de los exoficiales que testificó, confirmó la secuencia de los asesinatos y contó además sobre otras prácticas que dijo eran corrientes dentro del batallón, como un método de asfixia con bolsa plástica usado para presionar a detenidos y extraerles información. Los cuerpos de varias víctimas fueron posteriormente exhumados en cementerios de Ituango y Dabeiba, y expertos forenses han avanzado en su identificación. Ahora los magistrados de la JEP evalúan los testimonios para determinar la responsabilidad del oficial retirado en los crímenes ocurridos bajo su mando.