Las palabras del exoficial Manuel Antonio Quintero Flórez resonaron en la sala de audiencia con todo el peso de una confesión que describe lo indefendible: "Se produjeron los disparos, se desplomaron las tres víctimas. Solamente estaba agonizando la niña y un soldado la remató". En la segunda jornada del juicio que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz contra el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez, los testimonios de exoficiales pintaron un cuadro desolador sobre cómo operaba el Batallón Contraguerrilla 79 bajo su mando: al margen de la ley, con ejecuciones y abusos contra civiles desarmados, entre ellos menores de edad.

Quintero Flórez, Yimmy León Pulido y Edwin Alberto Cardona Arias comparecieron ante el tribunal para reconstruir lo que pasó entre 2004 y 2006 en las zonas rurales de Ituango y Dabeiba, en el norte de Antioquia. Sus relatos, que recogió la Unidad de Investigación y Acusación en alianza con El Espectador, dejaron clara una verdad incómoda: aquello que se reportaba como operaciones exitosas contra la guerrilla eran en realidad asesinatos de personas comunes que luego eran presentados como combatientes muertos en enfrentamiento.

El caso más desgarrador protagonizado en audiencia fue el de Seneida, una adolescente de apenas 13 años. El 13 de julio de 2004 fue detenida en un retén militar mientras viajaba en motocicleta por una vía rural de Dabeiba. El conductor logró continuar su marcha después de identificarse, pero la niña quedó retenida. Alguien que estaba bajo custodia militar la acusó: "Es Seneida, es guerrillera y participó en el combate en el que murió el teniente (Suárez, el 18 de marzo de 2005)". Horas después, la llevaron junto a otros dos jóvenes —Diofanor Guisao, de 17 años, e Isidoro de Jesús Cardona, de 21— a una finca llamada Tamarindales, donde fue ejecutada en la madrugada del 15 de julio. Según Quintero, después de que cayeron los tres cuerpos, "solamente estaba agonizando la niña y un soldado la remató".

Lo que sucedió después reveló el grado de planificación de estos crímenes. Los cadáveres fueron vestidos con uniformes militares, se les colocaron armas y se tomaron fotografías para fabricar un informe oficial que hablaba de un enfrentamiento contra combatientes del frente 5 de las Farc. Los militares involucrados fueron felicitados y recibieron días de descanso por el supuesto operativo exitoso. Quintero fue condenado a 35 años de prisión. Años después, ya encarcelado en Bogotá, aseguró que Guzmán Ramírez lo visitó pidiéndole que lo mantuviera al margen de la responsabilidad, ofreciéndole dinero y un obsequio (300 mil pesos y una loción) para guardar silencio. Pero finalmente decidió declarar ante la JEP.

La Unidad de Investigación y Acusación sostiene que entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, bajo el mando del oficial retirado, se cometieron homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, desapariciones forzadas y tratos degradantes, presuntamente con apoyo de estructuras paramilitares. El objetivo era mostrar "bajas" para obtener reconocimientos e incentivos institucionales. Varias víctimas fueron exhumadas posteriormente en cementerios de Ituango y Dabeiba, y expertos forenses han avanzado en su identificación preliminar.

Edwin Alberto Cardona Arias, otro exmilitar, confirmó la secuencia de esos asesinatos y describió otras prácticas que dijo eran habituales en el batallón, como el uso de bolsas plásticas para asfixiar detenidos y obtener información. Los magistrados continúan evaluando los testimonios para determinar la responsabilidad del oficial retirado en los hechos ocurridos durante su comandancia, un proceso que expone una de las páginas más oscuras de la historia militar reciente en Antioquia.