Un exteniente coronel del Ejército colombiano fue condenado este viernes por la Jurisdicción Especial para la Paz a cumplir cinco años, nueve meses y un día de cárcel. Germán León Durán responde por 31 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados como bajas en combate entre 2005 y 2006. Este es un hito importante en la justicia transicional: León Durán se convierte en el primer oficial de tropa sancionado con una pena alternativa dentro del Macrocaso 03, que investiga precisamente esos crímenes conocidos popularmente como falsos positivos.

Los crímenes ocurrieron en Casanare y Boyacá, cuando León Durán comandaba el Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI. Durante su gestión, la unidad desarrolló lo que la JEP catalogó como un patrón sistemático: jóvenes campesinos y personas vulnerables eran engañados con promesas falsas de empleo o acusados de ser guerrilleros. Luego eran ejecutados y reportados como combatientes neutralizados en operaciones. La corte determinó que el 94,8 por ciento de los resultados operacionales reportados por ese batallón durante su comandancia fueron ilegítimos.

El tribunal clasificó los hechos como crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, además de crímenes de guerra. Durante una audiencia pública en Yopal hace algunos meses, el exoficial reconoció ante las víctimas y sus familias lo que había hecho. Según la sentencia, León Durán manifestó: "Yo emití la orden (...) Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido". También admitió que deliberadamente omitió controles sobre las operaciones para proteger su carrera militar y que se fabricaron antecedentes falsos para incriminar a los civiles ejecutados.

Lo que pesó en la decisión de la JEP fue el reconocimiento tardío de responsabilidad del exmilitar y su compromiso con la justicia transicional. León Durán se obligó a contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas, participar en actos de dignificación de las víctimas e impulsar iniciativas de capacitación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Militares. La pena impuesta es significativamente menor a lo que hubiera sido en un proceso penal ordinario, donde habría podido superar los veinte años. Pero ese beneficio está condicionado al cumplimiento de sus compromisos de verdad, reparación y no repetición.