Ángela María Buitrago no se quedó callada. La exministra de Justicia habló en La FM sobre los verdaderos motivos detrás de su salida del cargo y los detalles de un proyecto de sometimiento a la justicia que nunca vio la luz pública, en medio de debates sobre cómo el país debe enfrentar a sus estructuras criminales.

La exfuncionaria explicó que su iniciativa se fundamentaba en la ley 2272 y apostaba por el derecho penal como la herramienta principal para hacer que grupos criminales se sometieran a la justicia. Según su relato, "la única posibilidad que yo veía y que sigo viendo es que el derecho penal genere respuestas adecuadas a todos esos grupos", refiriéndose a las agrupaciones armadas ilegales con las que el Gobierno nacional ha buscado dialogar.

El documento que Buitrago impulsaba buscaba imponer castigos reales a estructuras criminales responsables de delitos como reclutamiento forzado y trata de personas. En sus propias palabras: "no puede haber prebendas, no puede haber inmunidades, no puede haber amnistías ni puede haber perdones". El proyecto también incluía reglas sobre personas condenadas y procedimientos de extradición. Incluso, mencionó que un caso específico de una persona solicitada por Estados Unidos y Colombia, cuya orden de captura fue levantada, influyó decisivamente en su decisión de renunciar.

Lo que causó fricción fue que Buitrago pedía expresamente sanciones carcelarias "para someter al clan del Golfo", y eso molestó a sectores importantes dentro del gobierno. Desde la alta esfera gubernamental surgió una propuesta alternativa que no incluía penas, pero ella se negó rotundamente. Su argumento fue directo: "no hay posibilidad porque el derecho internacional impide que esta clase de delitos queden sin sanción".

El proyecto había sido construido con información técnica y datos de regiones como Antioquia, Catatumbo, Cauca, Tolima e Huila, pero nunca recibió el aval presidencial necesario para ser presentado ante el Congreso. Buitrago explicó que la política de paz era competencia exclusiva del presidente, lo que limitó su capacidad de acción. En sus conversaciones con el mandatario, insistió en definir el futuro de la iniciativa antes de dejar el ministerio.

La exministra también recordó que había intentos fallidos previos de proyectos similares que fueron archivados en el Congreso precisamente por carecer de sanciones suficientemente severas. Su posición consistía en que cualquier castigo debería tener dos componentes claros: privación de libertad y reparación a las víctimas. Aunque enfrentó críticas de distintos sectores, incluso comunicados de grupos armados que la acusaban de afectar procesos de paz, Buitrago llevó estas posiciones a espacios públicos como el Congreso y el Consejo de Ministros, donde insistió en repensar el enfoque de seguridad y justicia frente a las estructuras criminales organizadas del país.