La polémica por la fiesta vallenata que se realizó hace una semana en la cárcel La Paz de Itagüí continúa generando debate sobre cómo se manejan los cabecillas criminales en el país. En respuesta a este escándalo, el presidente Gustavo Petro anunció durante un consejo de ministros el traslado de los responsables hacia un penitenciario en Bogotá. "Los señores que hicieron la 'fiestica' salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema", expresó el jefe de Estado.

Sin embargo, Ángela María Buitrago, quien fue ministra de Justicia durante el gobierno Petro, no comparte esta medida y cree que hay problemas más profundos en cómo se está actuando. En una entrevista con Noticias Telemedellín, la exfuncionaria señaló: "Aquí tienen que intervenir las autoridades competentes, la Procuraduría, la Fiscalía porque es que esto no puede seguir pasando, sencillamente lo que esta generado es una ruptura de las reglas del sistema carcelario". Para Buitrago, el tema va más allá de una simple fiesta; se trata de cómo las mesas de negociación están alterando los procedimientos básicos de las cárceles.

La exministra explicó que muchos de estos internos habían sido asignados originalmente a otros centros penitenciarios como La Picota. A medida que se realizaron las mesas socio jurídicas, fueron siendo desplazados de un lado a otro, lo que según ella ha causado un daño considerable. "Ellos deben estar en los centros carcelarios asignados y por esa razón tanto la comisión como el manejo del Inpec debe prever entre otras que no puedan seguir realizando actividades delictivas dentro de un centro carcelario", afirmó.

Lo que más preocupa a Buitrago es la estrategia de los traslados en grupo. "A mí me parece un error que los sigan trasladando de manera conjunta", comentó la exfuncionaria. Su argumento es claro: cuando se traslada gente de estructuras criminales juntas, se facilita que vuelvan a agruparse y continúen coordinando actividades ilícitas desde el interior de las penitenciarías. Para ella, esto es un problema que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario debe contemplar de forma urgente si quiere que realmente se cumpla el aislamiento de estos delincuentes.